La Unión Europea retrocede en su regulación contra el greenwashing

Banderas de la Unión Europea frente a la Comisión Europea en Bruselas, ilustración de la retirada prevista de Green Claims
Foto: Guillaume Périgois / Unsplash.

La Comisión Europea incluyó la propuesta de Directiva Green Claims entre los expedientes legislativos que pretende retirar durante los próximos seis meses. El anuncio, incorporado al programa de trabajo para 2027, supone un retroceso en el intento de establecer una verificación específica de las alegaciones ambientales de las empresas. Sin embargo, no elimina las restricciones ya vigentes en la Unión Europea contra la publicidad ecológica engañosa.

Green Claims: una propuesta sin acuerdo político

La decisión figura en el Anexo III del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2027, publicado el 4 de noviembre de 2026. El documento identifica la propuesta Green Claims —COM(2023) 166 final, expediente 2023/0085(COD)— entre las iniciativas que el Ejecutivo comunitario tiene previsto retirar en un plazo de seis meses. No equivale, por tanto, a una retirada formal ya ejecutada.

Bruselas argumenta que la negociación lleva más de tres años pendiente, que el Consejo no consiguió acordar un mandato negociador en junio de 2024 y que los intentos de retomar las conversaciones durante 2025 tampoco prosperaron. La Comisión considera improbable alcanzar el apoyo necesario en un plazo razonable.

La propuesta presentada en 2023 buscaba introducir reglas específicas para fundamentar y comunicar alegaciones ambientales explícitas, incluidas obligaciones de sustento y verificación que fueran más allá de las prohibiciones generales de publicidad engañosa. Su retirada prevista elimina, al menos por ahora, esa vía de armonización.

Qué es EmpCo y qué obligaciones permanecen contra el greenwashing

El anuncio no supone una desregulación completa. La Directiva (UE) 2024/825, conocida como EmpCo por su denominación en inglés (Empowering Consumers for the Green Transition, «Empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica»), sigue vigente. Aprobada en febrero de 2024, obligaba a los países de la UE a incorporarla a sus legislaciones antes del 27 de marzo de 2026 y establece la aplicación de sus medidas desde el 27 de septiembre de 2026. La directiva refuerza las normas de protección de consumidores frente a prácticas comerciales engañosas y mejora la información sobre durabilidad y reparabilidad de productos. Su aplicación concreta corresponde a las legislaciones y autoridades nacionales.

Entre otras medidas, prohíbe las afirmaciones ambientales genéricas que no puedan respaldarse con un desempeño ambiental excelente reconocido y los distintivos de sostenibilidad que no se basen en sistemas de certificación o no hayan sido establecidos por autoridades públicas. También prohíbe afirmar, sobre la base de la compensación de emisiones, que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo sobre el medio ambiente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas prohibiciones no significan que cualquier uso de palabras como «verde» o «sostenible» esté automáticamente vetado: la restricción apunta a las alegaciones ambientales genéricas que no pueden justificarse mediante un desempeño ambiental excelente reconocido. Tampoco prohíbe invertir en proyectos de compensación de emisiones, sino presentar un producto como climáticamente neutro, de impacto reducido o positivo basándose en compensaciones externas. Los sellos de sostenibilidad deben basarse en un sistema de certificación o ser establecidos por autoridades públicas.

EmpCo prohíbe determinadas prácticas comerciales, pero no crea un procedimiento general de verificación previa de todas las declaraciones ambientales. La Comisión publicó orientaciones y respuestas a preguntas frecuentes para facilitar su aplicación, que corresponde a las autoridades de cada Estado miembro.

La diferencia entre prohibir engaños y exigir verificación previa

La distinción es central: EmpCo ya es una directiva aprobada y aplicable; Green Claims es una propuesta legislativa diferente, presentada en 2023, cuya retirada ahora anuncia la Comisión. EmpCo incorpora prohibiciones concretas al derecho de consumo y refuerza la información ofrecida a los compradores. Green Claims pretendía sumar un marco específico para que las empresas justificaran y sometieran a verificación determinadas alegaciones ambientales explícitas antes de comunicarlas, con requisitos y procedimientos propios.

Sin esa segunda norma, las empresas seguirán obligadas a respetar las prohibiciones de publicidad ecológica engañosa, pero no se adoptaría el esquema común de verificación contemplado en la propuesta retirada. Es una diferencia relevante para la trazabilidad de las pruebas, la comparabilidad de los mensajes y la capacidad de control.

En ComunicarSe ya habíamos analizado cómo deberían fundamentarse las declaraciones ecológicas empresariales y los límites de la comunicación ambiental. También se acumulan antecedentes judiciales, como la condena en Francia a TotalEnergies por greenwashing, que muestran que el debate no se limita a la aprobación de nuevas directivas.

Un retroceso regulatorio con consecuencias para las empresas

Desde la perspectiva empresarial, la retirada prevista de Green Claims evitaría la entrada en vigor de un sistema adicional de verificación que sus críticos consideraban complejo y oneroso. Desde la perspectiva de la protección del consumidor, también significa renunciar a una herramienta específica para exigir pruebas comparables antes de difundir determinados mensajes ambientales.

El anuncio no contiene un compromiso de endurecer EmpCo para compensar esa retirada. Por eso, todavía no puede afirmarse que una reforma futura sustituirá los requisitos abandonados.

La discusión de fondo sigue abierta: ¿alcanza con sancionar afirmaciones ambientales engañosas, o se necesita también un sistema que obligue a demostrar su fundamento antes de publicarlas? El programa de trabajo de 2027 inclina la balanza contra la segunda opción, mientras el cumplimiento de EmpCo pasa a ocupar un lugar más relevante en la vigilancia de la publicidad ambiental europea.