“Vivir la Integración” es la alianza público-privada que busca estimular el desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial para promover la inserción laboral de personas refugiadas en Costa Rica.

“El elemento clave del proceso de integración es el empleo. Esto significa dignidad, autosuficiencia, contribuir al progreso de la sociedad que recibe a los refugiados y aportar talento a la empresa que los contrata”, expresó Roberto Mignone, representante del ACNUR en Costa Rica.

La Alianza ofrece una serie de opciones para que empresas de todos los tamaños puedan desarrollar iniciativas internas para promover la inserción laboral de las personas refugiadas, beneficiarse de su talento,  diversidad y aprovecharlo como un factor de competitividad.  Por ejemplo, pueden contratar a personas refugiadas, convertirlas en proveedoras o hacer campañas de promoción de la diversidad entre sus colaboradores.

Como parte de la iniciativa, se ofrece intermediación laboral, acompañamiento en trámites y procesos con instituciones de gobierno y capacitación, a través de la modalidad de “mesa de trabajo”, en las que las empresas participantes asisten a reuniones periódicas de trabajo y capacitación, evacuan dudas, comparten sus experiencias y adquieren conocimientos y herramientas especializadas de las instituciones que trabajan en el tema y son miembros de la alianza. Todos los servicios ofrecidos a las empresas son gratuitos.  

“Las personas refugiadas pueden aportar muchísimo al talento de las empresas.  Son personas que por su experiencia de vida han adquirido valiosas habilidades para el trabajo. Son innovadoras, emprendedoras y leales. Una empresa que apuesta por contratar a personas refugiadas está invirtiendo en diversidad, talento y esto en definitiva se convierte en un factor de competitividad y sostenibilidad para cualquier organización”, expresó Silvia Lara Povedano, Directora Ejecutiva de AED.

Las personas refugiadas son aquellas que han debido dejar su país porque su vida, su seguridad o la de sus familias corre peligro, debido a un conflicto armado, persecución o por ser víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos. El gobierno costarricense ha otorgado la condición de refugiado a aproximadamente 12.700 personas.  En Costa Rica, la estancia de estas personas es regular y todas las personas bajo este estatuto tienen derecho al trabajo.