También se modificaron las responsabilidades de la Autoridad de Aplicación (será el Ministerio de Agroindustria), quien estará encargada de evaluar las presentaciones que realicen las empresas y el otorgamiento de la distinción de “Empresa Comprometida con la Responsabilidad Social Empresaria”. Se crea, además, el Consejo Provincial de RSE, representado por sectores públicos y privados.

“Estamos en la etapa de la reglamentación y eso nos llevará no más de 60 días. Lo que sucede es que el proceso y metodología de trabajo es bien participativo y eso implica muchas reuniones para buscar consensos y, además, por tratarse de una Ley pionera en la Nación tratamos de cuidar los detalles para que pueda servir de modelo a otras provincias o lugares donde les interese este tema”, confirma Sebastián Brizuela, Secretario Legislativo de la Provincia de Mendoza, en diálogo con este medio.

Entre las organizaciones que participaron de las consultas se encuentran el CEADS y VALOS, las cuales enfatizaron la necesidad de rever algunos puntos de la norma, como el de la obligatoreidad para empresas de más de 300 empleados. Finalmente, ese punto fue desestimado en la nueva versión de la Ley. 

En diciembre del 2012, y a raíz de las discusiones que existían alrededor de la entonces recién sancionada ley, por sugerencia de las autoridades de VALOS, el vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca invito al Director Ejecutivo del CEADS, Sebastián Bigorito a analizar el texto y brindar opinión.

"Hicimos un recorrido de la evolución que tuvo en el mundo lo que se llama "información no financiera”, ilustrando que al momento la discusión sobre como presentar la información de triple resultado no ha sido agotada. Mencioné cómo ejemplo que la propuesta hecha para Rio +20 respecto de hacer obligatorio los reportes no contó con consenso", explicó Bigorito.

El nuevo proyecto flexibiliza algunos aspectos de la norma, como “su carácter voluntario y la ampliación del concepto de balance social, utilizando términos como reporte, memoria, para facilitar su adhesión y consecución de sus fines y objetivos, en el sentido de medir los aspectos ambientales, sociales, laborales y económicos de una empresa que se compromete fuertemente con la sociedad donde desarrolla sus actividades”.

El Balance deberá abarcar las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la empresa teniendo como referencia los desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G3.1.

Uno de los puntos aún polémicos para algunas empresas es que el informe deberá ser auditado por un grupo interdisciplinario de profesionales de acuerdo a las características de la empresa que se audite, quiénes serán responsables por dicho informe ante la autoridad de aplicación, independientemente de sus responsabilidades profesionales. Dicho grupo de profesionales deberá ser coordinado por un profesional de las Ciencias Económicas.

“En temas de gran complejidad como la intervención social de las empresas, la sustentabilidad o la RSE, hay que dejar de hablar de competencias profesionales para pasar a hablar de profesionales competentes y con enfoque multidisciplinario”, aclara Sebastián Bigorito.

Es preciso tener en cuenta que el proyecto se originó cuando el Consejo de Contadores de la Provincia de Mendoza acercó la propuesta en el marco de un programa que implementó la Legislatura provincial, por una iniciativa de vicegobernador de la provincia,  Carlos Ciurca, que se llama Parlamento Abierto.

De acuerdo a información que circula en ámbitos académicos mendocinos, la Universidad Nacional de Cuyo, estaría diseñando una oferta de cursos especiales para capacitar a futuros auditores de los informes de RSE que propone la norma.A partir de la entrada en vigencia de la ley, las organizaciones que presenten su Balance podrán obtener el distintivo de "Empresa Comprometida con la RSE" que tendrá una vigencia de un año.

Se corrigieron y agregaron beneficios que se otorgan a quienes cumplen con las exigencias, y se incluyó la entrega del premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables como función del nuevo Consejo Provincial de RSE. 

Las empresas acreedoras del “Premio Anual” a la RSE, mencionado en el artículo 12 , contarán con una bonificación de hasta un diez por ciento en el pago de impuestos provinciales, u otro tipo de beneficios fiscales, según lo determine la reglamentación.

“Es una buena manera de empezar a poner el tema en agenda, y que el Estado participe en algo que venía siendo sólo del sector privado”, cree Daniela Rúffollo, Coordinadora de RSE del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia de Mendoza.

“La Ley 8488 tuvo el apoyo unánime de todos los bloques cuando se aprobó. Pero tuvo inmediatamente críticas de sectores especializados en la materia y por eso se convocó a todas las personas especialistas en el tema y todas las organizaciones que tienen vinculación a este tema y a asociaciones y federaciones que agrupan a empresarios mendocinos e hicimos una mesa de trabajo extraordinaria porque el Estado a través del Ministerio de agroindustria y producción, la legislatura y los privados a través de sus organizaciones semanalmente nos juntamos para revisar cada letra y significado de lo que quería la sociedad mendocina expresar en esta Ley pionera. El proceso de elaboración y reforma ha sido riquísimo y el Estado mendocino se ha comprometido con este tema y también la sociedad civil”, agrega Brizuela.

Felipe Sturniolo, quien fue uno de los autores de la norma desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no se mostró muy optimista sobre la adhesión de las empresas a la norma voluntaria. “Creo que esta ley no va a cambiar mucho la conciencia de las empresas, simplemente algunas adherirán en relación a los incentivos", expresó en declaraciones al medio Entorno Económico, de Mendoza.