El Gobierno de Chile está impulsando una  ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad  Extendida al productor que fija metas de recolección y valorización a los fabricantes e importadores de nueve productos pioritarios. Preocupación en algunas industrias.

La Asamblea Nacional de Francia tiene a tiro de aprobación un proyecto de Ley presentado por la bancada socialista que obligará a las empresas multinacionales francesas a controlar a sus filiales en el extranjero y a desarrollar mecanismos de debida diligencia para que sus proveedores cumplan con los derechos humanos. 

Un nuevo informe de Accenture y la Federación de Cámaras y Comercio Industrias (FICCI) muestra que la ley promulgada en 2013ofrece oportunidades para que las empresas de la India amplíen su visión de la RSE. Si bien el informe reconoce que en el corto plazo la mayoría de los negocios en la India seguirán centrándose en la construcción de capacidades en materia de RSE, afirma que muchos abarcarán progresivamente oportunidades más amplias como innovaciones y nuevas formas de colaboración.

El Gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley de “Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria” que obligaría a las empresas afincadas en la Provincia de más de 100 millones de pesos de facturación a presentar un plan de RSE y un informe auditado con los avances de dicho plan. La posible futura norma recomienda la utilización del marco GRI y la incorporación del concepto de valor compartido. 

El Parlamento Europeo aprobó hoy la esperada Directiva sobre la Divulgación de Información no Financiera y de Diversidad para grandes empresas. La norma tiene un enfoque de “informar o explicar” y alcanzará a casi 6 mil empresas de Europa que ahora deberán transparentar información sobre asuntos ambientales, sociales y relacionados con los empleados, los derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno. Desde GRI lo calificaron como un “momento histórico”. Sin embargo, desde organizaciones de inversores y desde las ONG señalaron que la directiva adolece de debilidades.

El pasado 25 de Marzo la ministra de Familia Manuela Schwesig y el ministro de Justicia Federal Heiko Maas presentaron un proyecto de ley que fijaría un 30% de mujeres en Consejos Directivos de más de 100 empresas que cotizan en bolsa en 2016. También establece cupos para el sector público.

Ingresó en el Congreso Argentino un proyecto de ley que aspira a “fijar el marco jurídico mínimo” de la RSE en todo el país. Lo presentó en diciembre la senadora Liliana T. Negre de Alonso y tiene como objeto que las empresas registren un “balance social” con las acciones de RSE interna y externa realizadas, que será auditado por entidades certificadoras autorizadas. Además, fija beneficios fiscales y económicos para las empresas que presenten el balance y obtengan la “Etiqueta de Responsabilidad Social”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vetó ayer una Ley de Compras Públicas Sustentables que había sido aprobada por la legislatura. La decisión fue respaldada por un dictamen de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. La mayor objeción estuvo centrada en los requisitos de Eficiencia Energética que exigía la norma. El Gobierno consideró que algunos aspectos eran “incumplibles” o estaban ya alcanzados por leyes existentes.

El Grupo Parlamentario Compromís de Valencia ha anunciado la presentación en las Cortes de una proposición de Ley de Compras Públicas Éticas y Sostenibles que plantea la introducción de criterios éticos, sociales y medioambientales en las compras públicas.

El proyecto de ley que propone establecer un cupo mínimo de mujeres del 30% -en un plazo de 8 años- en empresas públicas y privadas del sector hidrocarburífero argentino consiguió dictamen favorable de las comisiones de Trabajo y Banca de la Mujer del Senado de la Nación. El proyecto sostiene que la incorporación de mujeres deberá ser gradual, a medida que se vayan produciendo vacantes, y progresiva de tal modo que se alcance un 10 % de mujeres durante los tres primeros años de vigencia de la ley, un 10 % más al cumplir el quinto año, y que se llegue al 30 % al cumplir el octavo año. Se les exigirá a las empresas la presentación de un informe anual ante el Ministerio de Trabajo y ante las dos Cámaras del Congreso.