Se trata de una proposición sin carácter de ley propuesta por el Congreso que insta al Gobierno español a incluir, a la mayor brevedad posible, los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en el segundo Plan de Derechos Humanos que está elaborando. Dicho Plan incorporará medidas concretas dirigidas a su aplicación y difusión.

Es una iniciativa impulsada por el Grupo Socialista y acordada, a través de una enmienda transaccional, con los grupos Popular, de CiU, PNV y UPyD.

Asimismo, la proposición le emplaza a trasladar y proponer al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, la incorporación a sus trabajos del Informe de John Ruggie, Representante Especial del Secretario General para las cuestiones de los Derechos Humanos y las Empresas. Se insta a ponerlo en análisis y estudio en el seno del Consejo y emitir un informe respecto a las medidas que pudieran ser adoptadas.

Pide también incluir los principios rectores en el marco de las directrices que deben regir la futura Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, además de las orientaciones y mecanismos para la Coherencia de Políticas.Asimismo, reclama realizar las acciones oportunas con el objeto de propiciar e incentivar la incorporación de los principios dentro de los Planes de Fomento de la Marca España.

El Congreso insta al Poder ejecutivo  a analizar la manera de vincular el cumplimiento de las empresas en materia de Derechos Humanos a la recepción de apoyo oficial del Estado, fomentando la elaboración por parte de las mismas de Planes Específicos referidos al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de Derechos Humanos y promoviendo la transparencia y la información sobre su cumplimiento.

Otra de las propuestas recomienda elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales o no judiciales en cumplimiento de los principios de "protección, respeto y remedio" de los Derechos Humanos, que garanticen la reparación ante las violaciones de Derechos Humanos y un informe sobre las iniciativas adoptadas en el conjunto de las administraciones públicas para la aplicación en España de los principios. 

La Cámara emplaza a informar a las Comisiones Parlamentarias competentes del estado del procedimiento de elaboración del I Plan de Implementación en nuestro país de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y establecer mecanismos de evaluación y de coherencia entre este Plan con el II Plan de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE).

Por último, pide al Gobierno apoyar la aprobación de la Directiva del Consejo relativa a transparencia sobre información no financiera, que modifica las Directivas 78/660/CEE, dirigida a coordinar las legislaciones nacionales sobre las cuentas anuales de ciertas formas de sociedades y la Directiva 83/349/CEE, relativa a las cuentas consolidadas.