El estudio, llevado a cabo en Brasil, Colombia, Chile, México y Nicaragua, analizó los principales desafíos a enfrentar en materia de políticas públicas para conciliar la producción de alimentos con el cuidado del medioambiente y favorecer de esa forma la erradicación del hambre y la pobreza.

“La dimensión ambiental necesita estar integrada a políticas de fomento al crédito y al aumento de la producción”, señaló el Secretaria de Extracción y Desarrollo Rural Sustentable del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil, Paulo Guilherme Cabral.

“La pobreza y la inseguridad alimentaria están frecuentemente asociadas a ecosistemas frágiles y a la degradación ambiental, por lo que este tipo de medidas contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables”, explicó Hivy Ortiz, Oficial Forestal de la FAO.

El cambio climático, la erosión de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación y la inestabilidad económica son algunos de los desafíos que se deben enfrentar para lograr la erradicación del hambre y la pobreza rural.

“Revertir estas situaciones implica uno de los retos más urgentes y complejos del paradigma del desarrollo sostenible: la conciliación necesaria entre la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de la pobreza y la conservación del ambiente”, explicó Ortiz.

Según el estudio, se han desarrollado un número creciente de iniciativas para incorporar criterios ambientales en las políticas agrícolas y de uso de la tierra en los cinco países analizados, reduciendo los impactos de la actividad agrícola sobre el medio ambiente y favoreciendo la inclusión social de las comunidades más vulnerables.

Entre ellas, destacan los sistemas agroforestales intensivos, que han permitido recuperar zonas degradadas y aumentar la renta total del productor por unidad de área; la diversificación productiva y las iniciativas de articulación con el mercado; la agricultura ecológica; y los programas de uso sostenible de los bosques tropicales, los cuales presentan importantes avances en reducir los impactos ambientales comparados al modelo convencional.

La FAO señaló que las políticas agroambientales deben estar fundadas en un marco jurídico-legal adecuado. Además, destacó que la descentralización es de suma importancia para la implementación de estas políticas,  ya que se deben ajustar a las distintas realidades socioeconómicas y ambientales locales.

Para lograrlo, es de importancia fundamental la participación y fiscalización de la sociedad civil local y la necesidad de una mayor planificación estratégica, de ordenamiento territorial y articulación intra e inter-sectorial. El estudio señala que se debe fortalecer la integración entre los diversos actores,  para que las políticas tengan un mayor impacto en la conservación de los recursos naturales y la pobreza en el campo.