Las empresas, al igual que los gobiernos centrales y locales, tendrán que establecer objetivos cuantificables para fomentar el empleo de las mujeres y la promoción a puestos directivos.

Aunque el gobierno había indicado inicialmente que quería objetivos obligatorios, esto no fue finalmente incluido en el proyecto de ley presentado al Parlamento. Tampoco hay sanciones para las empresas que no cumplan con estos objetivos. La ley estará en vigor durante diez años.

El porcentaje de mujeres en puestos directivos en Japón es del 11 por ciento, el segundo más bajo de la OCDE. El gobierno ha anunciado el objetivo de aumentar al 30 por ciento la presencia de mujeres para 2020.