La resolución aprobada fue presentada por diputados socialistas, liberales y verdes, y obtuvo el apoyo de 321 eurodiputados, frente a 221 en contra y 11 abstenciones. El texto pide que se cree un "instrumento jurídico comunitario inequívoco que introduzca la responsabilidad solidaria a nivel europeo, respetando al mismo tiempo los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en los Estados miembros, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad" (párrafo 13). 

Sin embargo, la resolución elimina las referencias a que esta responsabilidad deba incluir, por lo menos, los salarios, las contribuciones de seguridad social, los impuestos y los daños causados por accidentes laborales. Además, pide a los poderes públicos nacionales que adopten o desarrollen normas que "excluyan de la contratación pública a las empresas cuando se pruebe que han infringido la legislación laboral, los convenios colectivos o los códigos de conducta" (párrafo 5).

Según la Eurocámara, esta herramienta beneficiaría a los empleados, pero también las autoridades, a los empleadores y especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, considera que ayudaría a los Estados miembros a luchar contra la economía sumergida, "ya que la existencia de normas comunitarias claras y transparentes arrojaría del mercado a los agentes dudosos, mejorando así el funcionamiento del mercado único" (párrafo 15).

Asimismo, los eurodiputados piden a la Comisión que realice una evaluación transectorial sobre los efectos de una herramienta así de cara a incrementar la transparencia en los procesos de subcontratación y garantizar la aplicación del Derecho comunitario y nacional (párrafo 14). 
Felicitaciones a España

El texto "acoge con satisfacción" que ocho Estados miembros (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) hayan establecido sistemas nacionales de responsabilidad para afrontar los problemas relacionados de las relaciones comerciales y laborales de las subcontratas.

Por ello, la Eurocámara "anima a los demás Estados miembros a estudiar sistemas similares". Sin embargo, matiza que la aplicación de estas normas en casos de subcontratación transfronteriza "es especialmente difícil" cuando los sistemas vigentes en los Estados miembros son diferentes, por lo que aboga por instaurar este sistema de responsabilidad europea (párrafo 9). 

El texto aprobado elimina un párrafo aprobado por la comisión de Empleo que sostenía que el concepto de responsabilidad compartida ya aparece incluido en la normativa europea en la directiva de la Comisión sobre las sanciones a los empleadores de inmigrantes ilegales. También suprime que la Eurocámara "celebra" esta referencia porque demuestra que "la responsabilidad compartida como norma europea constituye un instrumento adecuado para garantizar que todos los subcontratistas asumen su responsabilidad empresarial con respecto a los derechos de los trabajadores".

(TELEPRENSA)