Víctimas del régimen del apartheid en Sudáfrica acaban de ser autorizadas a querellarse en Estados Unidos contra varias multinacionales como General Motors o IBM. Una jueza federal de Nueva York dio luz verde el miércoles pasado a estas demandas en nombre colectivo, en virtud de la legislación estadounidense que autoriza a querellantes extranjeros a presentar una demanda ante un tribunal norteamericano en caso de violación de los derechos humanos.

El mes que viene será el turno del gigante petrolero anglo-holandés Royal Dutch/Shell de comparecer para defenderse de acusaciones de complicidad en exacciones contra el pueblo Ogoni en Nigeria, entre ellas la ejecución en 1995 del célebre militante ecologista y escritor ogoni Ken Saro-Wiwa.

Ya ha habido otras querellas presentadas ante la justicia, en particular por iraquíes en contra de subcontratistas estadounidenses como la controvertida firma de seguridad Blackwater, acusada de complicidad en hechos de violencia.

En todos estos casos, los demandantes se basan en la 'Alien Tort Claims Act' ('Ley de reivindicación por delitos en el exterior'), que exige a las empresas con una importante presencia en Estados Unidos respetar la legislación norteamericana en cualquier parte del mundo.

Poco utilizada hasta ahora, esta ley resurgió en los últimos tiempos. "Hay una progresión", explicó Jennie Green, del Centro para los Derechos Constitucionales. El recurso a esta ley "cambia el paisaje (judicial), alargando la lista de restricciones legales a la cual (las empresas) deben obedecer".

En la decisión judicial del miércoles, la jueza federal de Nueva York Shira Scheindlin autorizó a víctimas del apartheid a demandar a los constructores de automóviles alemán Daimler y norteamericanos General Motors y Ford por "asistencia e incitación a actos de tortura (...) ejecuciones arbitrarias y apartheid".

El fallo permite asimismo a los demandantes querellarse contra el grupo informático estadounidense IBM por "asistencia e incitación o negación de la nacionalidad arbitraria y apartheid".
El grupo alemán de defensa Rheinmetall puede ser objeto de una querella por "asistencia e incitación a ejecuciones arbitrarias y apartheid". Un proceso debería tener lugar en 2011, a menos que se acuerde un arreglo amistoso. Uno de los abogados de los demandantes, Michael Hausfield, se congratuló por lo que definió como "un importante avance en el derecho internacional". "Es una decisión que marca un hito, sumamente importante en el campo de la responsabilidad de las empresas y las violaciones de los derechos humanos", declaró Hausfield a la AFP.

Para Peter Rosenblum, profesor de derecho en la Universidad de Columbia, la ley 'Alien Tort' está demasiado estrechamente definida para que las empresas se vean sumergidas en demandas. "Los casos que se pueden tomar en cuenta son muy limitados. Tienen que ser violaciones flagrantes" de los derechos humanos, dijo Rosenblum. Sin embargo, aclaró que "pasan muchas cosas en el mundo empresarial en lo referente a los derechos humanos, hay una gran atención puesta en eso (...) No existe nada tan eficaz como un juicio para llamar la atención".

(AFP)