Un reciente Informe sobre fraude y corrupción, elaborado por Ernst & Young, muestra que el 61% de los empleados españoles consultados afirma que su compañía hace públicos unos resultados empresariales mejores de lo que son en realidad, un porcentaje que casi duplica la media registrada en los países desarrollados.  

El Informe Navigating today's complex business risks concluye que la mayoría de empleados españoles consultados (el 65%) considera que el soborno y la corrupción es una práctica habitual a la hora de hacer negocios en España. Pese a ello, cuando en España se les pregunta si este tipo de conductas se producen, también, dentro de su sector de actividad el porcentaje desciende hasta al 29%. 

"Las malas perspectivas económicas y, sobre todo, la cierta sensación de impunidad sobre quienes cometen un fraude o pagan un soborno, se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para que aumenten este tipo de prácticas que dañan la competitividad de nuestra economía y generan desconfianza en los mercados. Además, el hecho de que exista una gran diferencia entre aquellos que creen que la corrupción se da a nivel general en su país pero no en su sector, es un síntoma de que no todas las empresas reconocen el riesgo que están asumiendo, lo cual debería servir para reflexionar", explica Ricardo Noreña, Socio responsable de Forensic de Ernst & Young. 

Entre los comportamientos no éticos recogidos en el estudio, destaca también la contabilización de ingresos antes de tiempo, para conseguir los objetivos marcados, o forzar a los clientes a que adquieran, aunque sea innecesario, más stock de productos para alcanzar las cifras de ventas. Ambas prácticas son reconocidas por el 7% de los encuestados.

En cuanto a la forma de hacer negocios de forma no ética, el 29% considera que en su sector es común el pago de sobornos para conseguir un contrato, un porcentaje similar al registrado en informes anteriores.

En España una parte del sector privado también tiene la percepción de que determinadas acciones están justificadas cuando se tratar de cumplir objetivos empresariales, lo que es menos habitual en el resto de mercados desarrollados, según las conclusiones del estudio. Así, un 31% de los empleados consultados considera normal dar regalos personales para conseguir un contrato. De forma similar, un 22% ofrecería productos relacionados con el ocio y el entretenimiento para el mismo fin. Sin embargo, los pagos en metálicos o la falsificación deliberada de los resultados financieros tienen menos aceptación entre los entrevistados. 

Ricardo Noreña, de Ernst & Young, explica la importancia de las acciones y políticas de prevención para combatir el fraude y la corrupción:“Generar confianza es fundamental para la recuperación económica de nuestras empresas y de nuestra sociedad. La lucha contra el fraude y la corrupción es uno de los pilares básicos para lograrlo y por eso es necesario actuar desde las políticas de prevención que, aunque no impedirán que se sigan produciendo casos similares a los que estamos viendo, sí que limitarán su número y reducirán su impacto económico”, explica Noreña.

En un entorno de contención de costes como el que vivimos –continúa–, muchas empresas pueden pensar que la mera existencia de un programa anticorrupción es suficiente para mitigar el riesgo. "Sin embargo, deben asegurarse de que ese programa es comunicado de forma efectiva a toda su organización, que sus empleados lo conocen y que dicho plan es controlado y actualizado convenientemente. Nuestra experiencia muestra que aquellos líderes que gestionan con éxito el riesgo de fraude, soborno y corrupción, son capaces de formular las preguntas difíciles y exigir respuestas, especialmente cuando reciben los informes financieros", concluye Ricardo Noreña.

En cuanto al mensaje que la compañía lanza a su plantilla para combatir el fraude y la corrupción, los resultados del estudio muestran que todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, únicamente el 47% de los consultados afirma que su empresa dispone de un código de conducta y política antifraude/anticorrupción, pero sólo el 43% considera que la alta dirección ha comunicado de forma contundente su compromiso con las mismas. Este porcentaje es inferior a los del resto empresas de Europa Occidental. Además, sólo un 38% de los consultados opina que existe una penalización clara para aquéllos que vulneran las normas de su empresa y el 29% cree que la compañía protegería a los que denuncian conductas fraudulentas.

"Además de una adecuada política antifraude y anticorrupción es fundamental que las empresas apliquen de forma contundente esta regulación y que sea lo más inmediato posible, es decir, que se realice en un plazo de tiempo razonable. De lo contrario se corre el peligro de transmitir un mensaje de impunidad sobre quiénes cometen estos actos”, concluye Noreña.