Cerca de 50 representantes de instituciones públicas; de empresas y de pueblos y organizaciones indígenas, coincidieron en demandar la presencia de un Estado activo que ponga en práctica efectiva la consulta previa. “La realización de la consulta es una obligación estatal, que tiene su compromiso internacional y nacional”.  También se señaló que los representantes del Estado deberían tener una unidad de criterio, una definición de niveles, áreas y competencias articuladas.

Se destacó que el protocolo de consulta previa debería ser un tema de política pública, en la cual se establezca con claridad responsables, procedimientos y reglas consensuadas.

Si bien la consulta previa no es una obligación de las empresas éstas deben hacer el esfuerzo por integrar los DDHH en sus políticas de RSE, ejercer la debida diligencia y promover el diálogo con las partes interesadas tal como lo recomiendan los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Para los participantes el rol que pueden jugar las empresas por impulsar los Principios Rectores y por lograr que se garanticen los DDHH es importante.

Entre las empresas participantes al taller se encuentran: Randstad Argentina, Transportadora de Gas del Norte S.A, Tecpetrol S.A., Thermodyne, Total S.A  y Grupo Sancor Seguros.

Además, el respeto de los estándares internaciones de derechos humanos y de los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos es necesario para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones que se realizan, así como para garantizar también los derechos territoriales de los pueblos indígenas. “La seguridad jurídica de unos y de otros es la única vía para lograr estabilidad y generar procesos de dialogo y confianza entre los actores”.

Los representantes indígenas señalaron que existe una premisa fundamental anterior a la consulta previa y consiste en el consentimiento previo e informado. Se señaló que este elemento (el consentimiento) es la base para avanzar en cualquier proyecto de consulta previa.

Además, se propuso la necesidad de eliminar la idea actual de que la problemática indígena es un problema de un colectivo específico y comprender que es un tema que afecta a toda la sociedad argentina en su conjunto. Para ello se requiere identificar los conflictos existentes y darles una solución, la cual solamente se conseguirá por medio del conocimiento mutuo, el diálogo, el establecimiento de plazos, la búsqueda de una reparación justa y la construcción de confianza.

A modo de conclusión Mikel Berraondo  supo destacar que “la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas que goza de un amplio reconocimiento jurídico y en la jurisprudencia internacional (…)”. Por su parte Diana Chavez en sus palabras finales destacó “la necesidad de lograr espacios de complementariedad entre las actividades de las empresas y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas para promover la resolución pacífica de conflictos y espacios de estabilidad y seguridad jurídica para todos”. Finalmente Flavio Fuertes y Betina Azugna  valoraron la elección de la Red Argentina para la realización de este primer taller en la región y destacaron que “el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas se ha convertido en un pilar fundamental del trabajo de la Red Argentina desde hace 3 años, primero con la formación de un Grupo de Trabajo secundado por la elaboración de una Guía interpretativa de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos –la primera de su tipo en la región- y ahora con la apertura de este diálogo con los pueblos indígenas (….) estamos comprometidos a seguir este camino de diálogo permanente entre empresas, gobiernos y pueblos indígenas”.