Hoy día, toda una generación de jóvenes se enfrenta a la perspectiva de un futuro más incierto y menos próspero que el que tuvo la generación anterior. La situación de muchos es tan desesperada que parece difícil que pueda empeorar.

Los responsables políticos difícilmente pueden pasar por alto esta realidad. Incluso antes del estallido de la crisis financiera mundial en 2008, la mitad de la población mundial vivía con menos de 2 dólares al día, millones de personas eran víctimas de la hambruna y demasiadas personas no tenían ninguna expectativa de encontrar un trabajo decente.

Después de seis años de un crecimiento económico insuficiente y ante la falta de respuestas políticas, muchos millones de personas más se han quedado a la zaga, sin trabajo y desamparados ante el aumento de los precios de los alimentos y los servicios. A consecuencia de ello, nos enfrentamos a una profunda crisis social, que también es una crisis de justicia social.

Preocupan profundamente las alarmantes – y crecientes – desigualdades en las economías avanzadas y en desarrollo. Actualmente, el uno por ciento de la población mundial acumula tanta riqueza como los 3 500 millones de personas más pobres del planeta.

¿Están los responsables políticos dispuestos a actuar? 

Las medidas de protección social son elementos esenciales de la respuesta política. No en vano, los países con sistemas de seguridad social adecuados han logrado reducir el índice de pobreza en más de la mitad a través de las transferencias sociales y han registrado una disminución significativa de las desigualdades. La protección social no es sólo un derecho humano, también es una apuesta por una política económica eficaz. La seguridad social da acceso a la atención médica, la educación y la alimentación.

Los sistemas de protección social bien diseñados son un apoyo para los ingresos y el consumo interno, forjan el capital humano e incrementan la productividad. Desde 2008 también ha quedado patente que los países que cuentan con ese tipo de sistemas son capaces de responder con mayor rapidez y eficacia a la crisis.

Sin embargo, más del 76 por ciento de la población mundial sigue sin tener una cobertura adecuada de salud y protección social. En la coyuntura actual, puede ocurrir que la ampliación o el mantenimiento de la protección social se reciban con escepticismo o se dejen en suspenso para tiempos futuros.

Ha llegado el momento de recordar a aquellos países que, históricamente, han sabido fraguar economías robustas y sociedades decentes, amparadas por un sistema de protección social. Más recientemente, países tan diversos como Brasil, Tailandia, China o Mozambique han desplegado considerables esfuerzos para que la protección social se integre en sus estrategias de desarrollo, demostrando que la viabilidad financiera no puede ser un pretexto para no actuar. 

En 2009, la OIT y las Naciones Unidas pusieron en marcha la Iniciativa del Piso de Protección Social, por la que se defendía el establecimiento de niveles mínimos de protección social para todos. Posteriormente, en junio de 2012, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la innovadora Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), cuyas orientaciones son sumamente oportunas.

Frente a la crisis social – y de justicia social- instamos a los responsables de la elaboración de políticas a que persigan un mismo y ambicioso objetivo: lograr una recuperación socioeconómica mundial real, esto es, una recuperación que beneficie a todos, y dotarse de una agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 que contribuya a erradicar definitivamente la pobreza.

En nuestra mano está la decisión de adoptar políticas fiscales y macroeconómicas que promuevan un crecimiento incluyente, que conlleve empleo decente y protección social, como condición indispensable para erigir los cimientos de la justicia social.