Esta semana se celebra el juicio por la acción que Greenpeace realizó en la central térmica de Pasaia en 2007, una acción para visibilizar que la que se presenta como la “gran compañía verde de España” tiene también una línea de negocio más bien negra, dedicada a la quema de carbón.
Yo no formé parte de la acción, ni siquiera trabajaba en Greenpeace por aquél entonces, pero la recuerdo por su repercusión mediática. Y recuerdo que cuando me enteré que Iberdrola era propietaria de centrales como Pasaia pensé ¿no es un poco fraudulento decir que solucionas con una mano el problema que creas con la otra? Pero así era, Iberdrola, que se enorgullece de ”trabajar con el objetivo de ofrecer la energía más limpia del planeta”, estaba trabajando, también, para seguir produciendo energía sucia. Y yo, no salía de mi asombro.

Un año después, por aquellas casualidades de la vida, entré a trabajar en la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace y conocí de cerca el historial de la central térmica de Pasaia: Operativa desde 1964 con una licencia provisional, nunca consiguió la licencia definitiva porque Iberdrola no acreditó haber dado cumplimiento a las condiciones especiales que se le habían impuesto dada la escasa distancia entre la instalación y el núcleo urbano de Pasaia. Más de cuarenta años después, con un régimen mucho más estricto de protección del medio ambiente y una normativa que obliga a las actividades a disponer de una autorización ambiental integrada (AAI), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco le otorgó la AAI sin, ni siquiera, exigirle una evaluación de impacto ambiental.

Yo, que soy abogada ambientalista, no entendía nada: ¿para qué nos sirve exigir una autorización ambiental integrada si, llegado el día, esta se otorga sin evaluar minuciosamente la actividad? Esta y otras irregularidades en el expediente administrativo nos llevaron a impugnar la AAI otorgada a la central térmica de Pasaia, iniciando un proceso que sigue en curso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Pero… volvamos a lo que hoy nos ocupa, el juicio contra Greenpeace por la acción del marzo de 2007 que se celebra el día 1 de junio y en el que Iberdrola se ha personado como acusación particular: En su escrito de acusación,la “compañía energética más verde” pide a Greenpeace más de 5.000 euros de indemnización y a cada uno de los diez voluntarios implicados: 

- 3.600 euros por usurpación de bien inmueble,

- 14.400 euros por coacciones,

- 9 meses de prisión por desobediencia a agentes de la autoridad,

- 9 días de trabajo en beneficio de la comunidad por falta de deslucimiento de bien inmueble.

Con esta actitud beligerante en contra del movimiento ecologista, Iberdrola confirma que su interés real no es la lucha contra el cambio climático sino “callar la boca” al movimiento ecologista para seguir enriqueciéndose quemando carbón. Pero Iberdrola se equivoca, no solo quemando carbón sino también arremetiendo contra los que defienden los valores en los que se apoya la línea de negocio con la que la compañía quiere identificarse: la de energías renovables.

(Artículo de Aída Vila, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace)