Según el informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35”, del Observatorio de la RSC, en 2011, 33 de las empresas que forman el IBEX35 tenían presencia en territorios considerados como paraísos fiscales, cuyas actividades no están relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera o sociedades holding.

Esto supone que el 94% de las empresas del selectivo poseen sociedades en estos territorios, un 8% más que en 2010. Entre 2010 y 2011 se ha registrado un aumento de 83 sociedades participadas y dependientes de empresas del IBEX35 domiciliadas en paraísos fiscales, pasando de 354 a 437 (lo que representa un incremento del 23% respecto a 2010 y del 60% en relación a 2009).

El documento destaca, también, la escasa información que las empresas proporcionan en sus memorias anuales y que ésta ha disminuido levemente en 2011. “Más allá de  que se trata de un retroceso cuantitativamente mínimo, tiene una importancia enorme  en un contexto como el actual, en el que la ciudadanía reclama y espera una mayor  transparencia por parte de las corporaciones y la administración, tal y como se ha  puesto en evidencia en el eurobarómetro publicado recientemente por la Comisión  Europea”, afirma Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, durante la  presentación del Informe.

De la evaluación se desprende que ninguna empresa del Ibex 35 cuenta con una política fiscal accesible a todas las partes interesadas, que incluya los criterios para aprobar operaciones e inversiones en paraísos fiscales y ninguna informa sobre los impuestos que paga ni los beneficios que recibe en cada uno de los países en los que opera y tributa.

“Desvelar esta información país por país sería clave para fomentar la transparencia sobre la información financiera y evitar en cierta medida estrategias de elusión fiscal. De esta manera los ciudadanos podrán valorar si los pagos de las empresas en los diversos territorios donde operan están con los recursos obtenidos”, afirma Orencio Vázquez. 

Las empresas del Ibex 35 apenas han avanzado en el enfoque de “diligencia debida” (proceso continuo de evaluación del impacto real y potencial y de las consecuencias negativas que la empresa haya provocado o pueda contribuir a provocar en los Derechos Humanos a través de sus propias actividades o en relación directa con las  operaciones, productos o servicios prestados por sus proveedores o clientes. La diligencia debida abarca también la forma en que la empresa hace frente a las consecuencias negativas) sobre riesgos e impactos en Derechos Humanos tal como proponen los Principios Rectores de Empresas y DH de Naciones Unidas.

 En este apartado, apenas el 10% de las empresas del Ibex35 realizan evaluaciones sobre riesgos e impactos de sus actuaciones. En 2011, sólo tres empresas informaron sobre el impacto de sus actuaciones sobre el medioambiente de forma cuantificada y valorada. Pero en casi todas se evidencia una información incompleta sobre el impacto que producen y, en general, se opta por minimizar e infravalorar el mismo.

“Avanzar en la aplicación del principio de debida diligencia y vías de acceso al remedio, como propone Naciones Unidas, es fundamental para evitar tragedias como la vivida recientemente en Bangladesh, en donde el derrumbe de un complejo textil ha causado 660 muertos”, afirma Carlos Cordero director del estudio.

En lo que respecta a los derechos laborales, tan sólo cinco empresas tienen un compromiso expreso con la protección de los derechos de los trabajadores en países que no apliquen en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad de asociación, sindicación y negociación colectiva y sólo dos de las 35 dan información por países del porcentaje de empleados afiliados a sindicatos y cubiertos por convenios colectivos.

La opacidad sigue siendo la tónica en lo que respecta al blindaje de los cargos directivos. Tan sólo una de las 35 empresas aporta información al respecto y exige que se informe de qué órgano autoriza los blindajes. Tan sólo dos empresas establecen una relación entre la remuneración directiva y la consecución de objetivos no financiero.