El estudio, elaborado a partir de una encuesta a entidades estatales, autonómicas y locales, es fruto del proyecto "Acelerando la RSE en empresas públicas", enmarcado en la iniciativa europea Enterprise 2020.

En el acto de presentación, el Director General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, ha recalcado que “las empresas públicas han de comprometerse ahora más que nunca a integrar la RSE en su gestión, como un modelo eficaz para su estrategia de negocio”. En este sentido, ha añadido que “la RSE debe ser contemplada por ellas como un valor, nunca como una obligación o un gasto”.

Según el informe, una quinta parte de las empresas públicas ha establecido una política formal de RSE y el 35% de este tipo de entidades cuenta con departamento de RSE.

Tal como refleja el documento, las entidades públicas de mayor tamaño son las que primero empiezan a integrar aspectos relacionados con la RSE en sus organizaciones. Sin embargo, una de las mayores diferencias entre empresas privadas y públicas, es que para estas últimas la RSE parece ser una herramienta de legitimación de cara a su propia existencia, más que como elemento de competitividad.

El estudio concluye que existe una notoriedad alta del fenómeno RSE entre las empresas públicas, lo que podría indicar que este tipo de empresas tienen mayor conocimiento que la media sobre qué es la RSE.

A la hora de identificar las principales barreras a las que se enfrentan a la hora de integrar la RSE en su modelo de negocio, éstas son la ausencia de estrategia continuada, la falta de concienciación de los trabajadores y la escasez de recursos disponibles.

Retos pendientes vinculados a la Ley de Economía Sostenible

Aunque la Ley de Economía Sostenible incluye exigencias únicamente para la integración de la RSE en las empresas públicas estatales, el estudio ha querido contrastar el nivel de avance de los requisitos de la Ley en empresas tanto estatales como autonómicas y locales.

En este sentido, del estudio se desprenden los siguientes hallazgos:

- La Ley de Economía Sostenible recoge el requisito de que las empresas públicas publiquen informes de gobierno corporativo. En este sentido, el estudio que refleja prácticamente 3 de cada 4 de las empresas públicas están informando sobre sus políticas de gobierno corporativo, si bien no se trata de informes de gobierno corporativo en sentido estricto, y el 11,6% están en proceso de hacerlo.

- Otro de los requerimientos de la Ley es que este tipo de entidades publiquen memoria de sostenibilidad. Un 27,5% de las empresas públicas, según el informe, publican memoria y un 7% están en proceso.

- En referencia a las políticas de compras públicas sostenibles -otro de los temas que tienen que integrar las empresas públicas según la Ley- la encuesta refleja que la mitad de las empresas públicas está incorporando cláusulas sociales y medioambientales en sus políticas de selección de proveedores, y una de cada cinco prevé implementarlo a corto plazo.

- La Ley establece también como requisito informar sobre políticas de igualdad y diversidad. Más de la mitad de las empresas públicas lo está haciendo ya y cerca de la quinta parte está en proceso.

- Otro de los requerimientos de la Ley consiste en establecer sistemas de medición y control del consumo energético, punto que han adoptado ya un 65,2% de las empresas públicas, mientras que un 13% está en proceso. Cabe destacar que casi la quinta parte de ellas está llevando a cabo la medición de su huella de carbono y un 8,7% está en proceso.

El informe ha sido elaborado con la colaboración de la Universidad de Granada.