El cambio de signo político en el Gobierno español abrió interrogantes sobre la continuidad de algunas políticas públicas relacionadas con RSE. Puntualmente, las modificaciones en el organigrama del desaparecido Ministerio de Trabajo (ahora es de Empleo), que era el órgano que tenía bajo su órbita las áreas de más peso como la Dirección General de Economía Social y RSE y el Consejo Estatal de RSE (CERSE). Aún así, los cambios deberán darse dentro de la vigente  Ley de Economía Sostenible que fija al Gobierno distintas directrices para la promoción de la RSE. ¿Qué decía el Partido Popular en su plataforma?

Las empresas públicas están avanzando en la consecución de los requisitos que recoge la Ley de Economía Sostenible, según refleja el Estudio sobre la RSE en la empresa pública presentado hoy por Forética, Adif y Garrigues Medio Ambiente. El trabajo también pone de manifiesto los retos pendientes: el 27,5% de estas empresas publican memoria de sostenibilidad y el 52% integra criterios sostenibles en sus políticas de selección de proveedores

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, cuyos ejes principales son la sostenibilidad ambiental y la mejora del entorno económico y de la competitividad. Se destacan también el impulso a la eficiencia en la contratación pública, la colaboración público-privada, y promoción de la responsabilidad social empresaria.

El artículo 39 del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible contempla que las empresas podrán solicitar voluntariamente ser reconocidas como "socialmente responsables" por sus políticas de Responsabilidad Social (RSC), según destacó la directora general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Maravillas Rojo.

El Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) ha creado tres grupos que elaborarán propuestas para dar cumplimiento a la recientemente sancionada Ley de Economía Sostenible, que tiene varias disposiciónes sobre RSE. Uno de los grupos trabajará en una metodología para la presentación de informes de RSE para empresas de más de 1000 empleados, otro fijará criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en la inversión de los fondos de pensiones y un tercero que se abocará a mejorar los recursos del CERSE para dar cumplimiento a su misión.