Según informa Acceso Ya, la sede central de la UADE, ubicada en la calle Lima 775, tiene varios escalones al frente que, de ancho, ocupan casi la totalidad de la cuadra, pero no cuentan con una rampa de acceso. Cuando la organización consultó por rampas se los dirigió al ingreso de la calle Independencia en donde encontraron las rampas detrás de unas rejas, junto al portón “exclusivo de carga y descarga”.

La organización presentó un reclamo a la universidad en el marco de su campaña Escuelas Accesibles Ya!, por la que hay una sentencia firme del Gobierno de la Ciudad que ordena la adecuación de todas las escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, de la ciudad de Buenos Aires.  

“La ausencia de condiciones básicas de accesibilidad en las instituciones educativas -rampa de ingreso, baños adaptados y ascensores que garanticen el libre ascenso y descenso de las personas con movilidad reducida a todos los sectores del establecimiento- constituye uno de los más graves generadores de situaciones discapacitantes porque vulnera un derecho inherente a todos los seres humanos, sea cual fuere su condición física: el libre acceso a la educación en todos sus niveles.”, afirma la organización. 

Acceso ya también denuncia a las siguientes instituciones por no contar con baño adaptado- con capacidad para el cómodo ingreso de la silla de ruedas y barrales de apoyo- algo indispensable para la permanencia, por varias horas, de una persona con movilidad reducida en un lugar: el Instituto Superior Marista (profesorado), el Instituto ICEA (psicopedagogía, grafología y otros), la Escuela de Música de Buenos Aires, la Fundación Docencia e Investigación para la Salud (laboratorio, radiología), entre muchos otros.

A esta lista se le suma, además, aquellos establecimientos íntegramente inaccesibles, entre los que figuran: el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, el Instituto Don Bosco, el Instituto Kline, el Instituto Eduardo Mallea, el Instituto Septimito Walsh y la Escuela de Artes Gráficas.

Durante 2009 la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias trabajó en conjunto con la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos en la evaluación del nivel de accesibilidad de los edificios universitarios, y desarrolló un programa de financiamiento para universidades nacionales públicas. El objetivo es que todas cuenten con circuitos mínimos accesibles (CIMA) que garanticen el acceso, circulación y permanencia en condiciones de seguridad y autonomía a todos los estudiantes. La organización insta a las universidades a sumarse al programa.