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Los españoles piensan que las empresas no deben disminuir su labor social en tiempos de crisis

10.06.2011 | Europa

El 95% de los ciudadanos que trabajan piensa que las actuaciones de integración de personas desfavorecidas del sector empresarial deberían de aumentar, o al menos mantenerse, en tiempos de crisis como los actuales. Así se desprende del informe “El ciudadano ante las actuaciones empresariales relacionadas con la integración de personas desfavorecidas”, elaborado por la Fundación Empresa y Sociedad en colaboración con la consultora de investigación de mercados y opinión TNS. La encuesta ha sido realizada a 946 ciudadanos mayores de 16 años, residentes en España, con el objetivo de ayudar a mejorar al sector empresarial.

 

El problema social que más preocupa a los ciudadanos es el desempleo (73%), que sube treinta puntos respecto a 2007. Le siguen la educación de los jóvenes (33%), la violencia doméstica (31%), la inmigración (22%), las personas mayores y el envejecimiento de la población (17%) y la discapacidad y dependencia (11%).
La población española continúa pensando que los temas sociales son responsabilidad casi exclusiva de las Administraciones públicas (77%), aunque su peso desciende en nueve puntos en relación con 2006. La actuación individual de los ciudadanos sigue ocupando un segundo lugar (24%), pero pierde fuerza y se centra fundamentalmente en los ámbitos de la educación de los jóvenes y la violencia doméstica.
El respeto a los derechos de los trabajadores (62%), que baja dos puntos, sigue siendo el factor que define a una empresa responsable en opinión del ciudadano, seguido a distancia por el cumplimiento de las leyes (30%), que baja un punto. La transparencia en la información de su actividad (24%) y tener un equipo directivo ético (21%) aumentan su peso, por la percepción que tienen sobre las causas que han provocado la actual coyuntura económica.
El empleo es el área al que preferirían los encuestados que las empresas destinaran su colaboración con un 48%, que supera en importancia a la protección del medio ambiente que cae más de 13 puntos desde 2006 (39%). La inmigración, las personas mayores o la dependencia continúan ocupando el tercer lugar y la salud y la educación el cuarto y quinto, respectivamente. Todo ello indica que la ciudadanía española quiere que el sector empresarial trabaje en favor de la integración de personas desfavorecidas frente a otros de interés general.
Las personas con discapacidad (46%), los jóvenes y niños con dificultades (38%), los desempleados de larga duración (36%), que han aumentado en seis puntos respecto a 2007, las mujeres con dificultades (24%) y las personas mayores (22%) son, por este orden, los grupos de población a los que los encuestados quieren que el sector empresarial dedique sus recursos.
Los ciudadanos consideran que las empresas deben llevar a cabo actuaciones principalmente en su entorno geográfico, aunque sin olvidarse de los países en desarrollo.
A más de la mitad de los encuestados que trabajan les parece bien que la empresa que les emplea colabore en proyectos de integración social de personas desfavorecidas, frente a un 28% que opina que éstas deberían preocuparse más por sus temas internos. Las encuestas vuelven a reflejar la buena disposición del ciudadano a colaborar en proyectos sociales desarrollados por la empresa donde trabaja (82%), tales como, participar en días de voluntariado (69%) y bolsas de voluntariado (63%) u ofrecer tutorías a personas desfavorecidas (62%) o trabajos pro bono y consultas cortas (49%).
Un 35% es capaz de mencionar espontáneamente nombres de empresas que trabajan en este ámbito frente al 4% en 2003. Las cinco entidades más conocidas pertenecen al sector financiero y son las que más apoyo dan a las personas con discapacidad y personas mayores.
Según Francisco Abad, director general de la Fundación Empresa y Sociedad, “el ciudadano tiene claro que hoy las empresas tienen menos recursos, pero también que han aumentado mucho las necesidades en la nueva realidad social. Por eso parece que les pide que sean inteligentes y los usen bien, para que no se deteriore el bienestar general. En nuestra opinión, es una de las claves para que las empresas conserven un activo tan importante como su legitimidad en la sociedad.”
Según Lluís Fatjó-Vilas, Consejero y Director General de TNS, “una vez más los estudios de opinión nos ayudan a saber cuáles son las prioridades de los ciudadanos de nuestro país. El empleo preocupa mucho más ahora que en otros tiempos, y por eso los ciudadanos piden a las empresas que participen en la búsqueda de soluciones que ayuden a la sociedad en su conjunto y a grupos desfavorecidos en particular. En contrapartida, el estudio pone de manifiesto también que los ciudadanos reconocen ahora mucho más la labor de las empresas más implicadas en el campo de las actuaciones de integración social, por lo que con el desarrollo de estos programas se produce una dinámica favorable para todos.”

El problema social que más preocupa a los ciudadanos es el desempleo (73%), que sube treinta puntos respecto a 2007. Le siguen la educación de los jóvenes (33%), la violencia doméstica (31%), la inmigración (22%), las personas mayores y el envejecimiento de la población (17%) y la discapacidad y dependencia (11%).

La población española continúa pensando que los temas sociales son responsabilidad casi exclusiva de las Administraciones públicas (77%), aunque su peso desciende en nueve puntos en relación con 2006. La actuación individual de los ciudadanos sigue ocupando un segundo lugar (24%), pero pierde fuerza y se centra fundamentalmente en los ámbitos de la educación de los jóvenes y la violencia doméstica.

El respeto a los derechos de los trabajadores (62%), que baja dos puntos, sigue siendo el factor que define a una empresa responsable en opinión del ciudadano, seguido a distancia por el cumplimiento de las leyes (30%), que baja un punto. La transparencia en la información de su actividad (24%) y tener un equipo directivo ético (21%) aumentan su peso, por la percepción que tienen sobre las causas que han provocado la actual coyuntura económica.

El empleo es el área al que preferirían los encuestados que las empresas destinaran su colaboración con un 48%, que supera en importancia a la protección del medio ambiente que cae más de 13 puntos desde 2006 (39%). La inmigración, las personas mayores o la dependencia continúan ocupando el tercer lugar y la salud y la educación el cuarto y quinto, respectivamente. Todo ello indica que la ciudadanía española quiere que el sector empresarial trabaje en favor de la integración de personas desfavorecidas frente a otros de interés general.

Las personas con discapacidad (46%), los jóvenes y niños con dificultades (38%), los desempleados de larga duración (36%), que han aumentado en seis puntos respecto a 2007, las mujeres con dificultades (24%) y las personas mayores (22%) son, por este orden, los grupos de población a los que los encuestados quieren que el sector empresarial dedique sus recursos.

Los ciudadanos consideran que las empresas deben llevar a cabo actuaciones principalmente en su entorno geográfico, aunque sin olvidarse de los países en desarrollo.

A más de la mitad de los encuestados que trabajan les parece bien que la empresa que les emplea colabore en proyectos de integración social de personas desfavorecidas, frente a un 28% que opina que éstas deberían preocuparse más por sus temas internos. Las encuestas vuelven a reflejar la buena disposición del ciudadano a colaborar en proyectos sociales desarrollados por la empresa donde trabaja (82%), tales como, participar en días de voluntariado (69%) y bolsas de voluntariado (63%) u ofrecer tutorías a personas desfavorecidas (62%) o trabajos pro bono y consultas cortas (49%).

Un 35% es capaz de mencionar espontáneamente nombres de empresas que trabajan en este ámbito frente al 4% en 2003. Las cinco entidades más conocidas pertenecen al sector financiero y son las que más apoyo dan a las personas con discapacidad y personas mayores.

Según Francisco Abad, director general de la Fundación Empresa y Sociedad, “el ciudadano tiene claro que hoy las empresas tienen menos recursos, pero también que han aumentado mucho las necesidades en la nueva realidad social. Por eso parece que les pide que sean inteligentes y los usen bien, para que no se deteriore el bienestar general. En nuestra opinión, es una de las claves para que las empresas conserven un activo tan importante como su legitimidad en la sociedad.”

Según Lluís Fatjó-Vilas, Consejero y Director General de TNS, “una vez más los estudios de opinión nos ayudan a saber cuáles son las prioridades de los ciudadanos de nuestro país. El empleo preocupa mucho más ahora que en otros tiempos, y por eso los ciudadanos piden a las empresas que participen en la búsqueda de soluciones que ayuden a la sociedad en su conjunto y a grupos desfavorecidos en particular. En contrapartida, el estudio pone de manifiesto también que los ciudadanos reconocen ahora mucho más la labor de las empresas más implicadas en el campo de las actuaciones de integración social, por lo que con el desarrollo de estos programas se produce una dinámica favorable para todos.”