El estudio revela que casi todas las grandes corporaciones multinacionales de la industria extractiva han incorporado filiales en Holanda, motivadas en gran medida por los beneficios fiscales. 

SOMO ha investigado ocho empresas holandesas, que aparecen vinculadas a graves violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, incluyendo contaminación ambiental peligrosa para la salud de poblaciones locales o violencia de milicias, asesinatos y desplazamientos.

El estudio critica al gobierno holandés por facilitar la evasión fiscal internacional y no tener en cuenta el posible impacto negativo de sus políticas en materia de Derechos Humanos. Para SOMO se ha reconocido recientemente que la evasión fiscal de empresas multinacionales debilita la protección de los Derechos Humanos en los países en desarrollo y los hallazgos de su nuevo estudio revelan que las multinacionales vinculadas a violaciones de DD.HH operan en países con vía libre a la evasión. 

Según SOMO, a pesar de que la Política de RSC-RSE del gobierno holandés establece que la RSC ya no es eludible, éste se muestra incapaz de establecer medidas eficaces. El carácter voluntario de la RSC y la importancia de la auto-regulación serían enfoques anticuados y claramente insuficientes a juicio de la organización.

Un ejemplo de estas empresas evasoras y su vínculo con la violación de DD.HH es Pluspetrol, cuya sede está en los Países Bajos. Después de décadas de derrames de petróleo como resultado de las tuberías oxidadas y falta de restauración, el gobierno peruano declaró en estado de emergencia ambiental a la región en la que opera Pluspetrol debido a los altos niveles de bario, plomo, cromo y compuestos derivados del petróleo. Para SOMO este caso pone de relieve cómo “la calidad de vida y la salud de las comunidades locales se ven afectadas negativamente por las actividades de las sociedades constituidas- por lo menos en papel- en los Países Bajos.”

 En cuanto a corrupción y blanqueo de dinero, SOMO coincide con la OCDE cuando relaciona a los Países Bajos con la atracción de empresas que operan en los llamados sectores de riesgo, en particular la industria extractiva. El informe de SOMO viene a revelar que lo mismo se puede aplicar a los Derechos Humanos.

El gobierno holandés estaría demostrando un desconocimiento total sobre el impacto de estas empresas en los DD.HH al confiar ciegamente en sus procesos de autorregulación, afirma la investigación. Para SOMO los sistemas fiscales progresivos contribuyen a la buena gobernanza, el desarrollo democrático y la reducción de la pobreza y recomienda a los gobiernos de los Países Bajos implementar medidas de este tipo y luchar contra la evasión fiscal que socava estos objetivos. 

SOMO calculó recientemente que 28 países en desarrollo pierden al menos 771 millones de euros al año en ingresos por impuesto sobre pagos de intereses y dividendos como resultado únicamente de tratados fiscales con Holanda. Pero calculan que la perdida es mayor por la falta de información de ciertos acuerdos con Holanda que no se han hecho públicos. 

El informe concluye que las empresas multinacionales investigadas por violaciones con importantes filiales en los Países Bajos están involucradas con la evasión fiscal. Son empresas “buzón” con poca o ninguna actividad en los Países Bajos. Invierten en las filiales extranjeras a través de los Países Bajos, lo que les genera una reducción de los impuestos fiscales. Además, se vincula a las entidades financieras holandesas con otras filiales constituidas en paraísos fiscales.

El informe finalmente dispara contra el gobierno holandés por ser el responsable de no regular con eficacia los negocios internacionales constituidos en su jurisdicción y no mostrar voluntad política para ello.  

El hecho de que el gobierno holandés no se haga responsable de los impactos sobre los Derechos Humanos de las empresas holandesas que operan en el extranjero es indefendible a juicio de SOMO.

La organización considera que las empresas que violan los Derechos Humanos en el extranjero no deberían disfrutar de los beneficios fiscales de las inversiones holandesas. Exige crear obligaciones más estrictas de transparencia y presentación de informes y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas realmente eficaces.