Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen importantes compromisos para poner fin a la pobreza y reducir la desigualdad, promover el trabajo decente, la protección social y la igualdad de género, así como respecto a la aportación de una educación de calidad, servicios públicos, infraestructura, y garantizar el acceso a la justicia y el Estado de derecho. Para la CSI, no obstante, faltan compromisos para la implementación de los Objetivos mediante financiación y políticas públicas progresistas, y además los medios para garantizar que los Gobiernos se responsabilicen de la aplicación de la Agenda de la ONU son flojos y voluntarios.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirmó: “El movimiento sindical apoya firmemente la considerable ambición de los ODS, pero la falta de compromisos concretos para asegurar que se alcancen dichos Objetivos resulta profundamente decepcionante. El mundo no puede continuar en la misma línea que hasta ahora. El desarrollo social resulta crucial para abordar las profundas y crecientes injusticias económicas y para hacer posible la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, mediante una transformación industrial que mantenga los medios de subsistencia y garantice el futuro del planeta. Los líderes mundiales tienen que concluir un Pacto Global para traducir estas ambiciosas aspiraciones en acciones significativas”.

Susan Hopgood, Presidenta de la Internacional de la Educación, se encargará de hacer llegar hoy el mensaje sindical a la ONU durante una alocución ante la Asamblea General de la ONU.

“Los Gobiernos tienen que promover el diálogo social, involucrando a las organizaciones de empleadores y trabajadores con objeto de hacer avanzar la agenda a nivel nacional. La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva han de convertirse en pilares centrales de cualquier programa nacional, para garantizar un desarrollo socialmente sostenible. Los sindicatos son importantes actores en el desarrollo, y pueden aportar una contribución vital. Ahí donde esté involucrado el sector privado en la financiación de iniciativas relacionadas con los ODS, o que cuenten con apoyo de los contribuyentes, su intervención únicamente puede tener lugar si redunda en interés público y siempre y cuando esté sujeta a criterios adecuados de rendición de cuentas, incluyendo el respeto de las normas de la OIT”, añadió Burrow.