El pasado 6 de julio se presentó la revisión de los Principios de Ecuador (PE), conjunto de directrices voluntarias para la valoración y gestión del riesgo social y ambiental en las operaciones de financiación de proyectos.

En junio de 2003 diez bancos lanzaron los PE como marco de referencia para la financiación responsable de los grandes proyectos de inversión. Tres años más tarde, las cuarenta entidades firmantes han revisado los Principios con el doble propósito de adecuarlos a las Normas de Desempeño aprobadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI) en febrero de este año e incorporar las mejores prácticas del sector financiero.

Tras un largo periodo de consulta en el que han participado clientes, organizaciones no gubernamentales, agencias de crédito a la exportación y la CFI, la nueva versión de los PE fortalece los requisitos de carácter social y los mecanismos de consulta que deben cumplir los proyectos financiables.

Respecto a los cambios más relevantes, el preámbulo de los Principios hace referencia explícita a la aplicación de los PE a la financiación de proyectos y se asume la definición de project finance establecida en Basilea II. Ante la demanda de algunas partes interesadas de ampliar la aplicación de los PE a otras actividades distintas a la financiación de proyectos, era necesario reafirmar que desde el punto de vista de los impactos indirectos de las entidades financieras, lo material y viable es valorar y gestionar los riesgos sociales y ambientales de proyectos concretos y no de financiaciones corporativas cuya finalidad no es la construcción y explotación de un determinado proyecto de inversión del que se puedan identificar sus impactos sociales y ambientales.

Los Principios incorporan un nuevo apartado que determina el alcance de aplicación. El umbral a partir del cual se aplican los Principios baja a proyectos con una inversión igual o mayor a USD 10 millones frente a los USD 50 millones de la versión anterior.

Adicionalmente, se incluye en el alcance de aplicación de los PE por un lado, la expansión de proyectos existentes que implique impactos sociales y ambientales significativos y, por otro, las actividades de asesoramiento, en las que los bancos se comprometen a asesorar a los promotores de proyectos para que sean conscientes de los beneficios de aplicar los PE a los futuros proyectos.

En cuanto a la declaración de principios, los cambios más relevantes son:

- Simplificación de la aplicación de los PE a los proyectos ubicados en países miembros de la OCDE considerados como de altos ingresos. A estos proyectos se les requiere el cumplimiento de la legislación local que generalmente excede los requisitos de las Normas de Desempeño de la CFI, evitando así duplicidades en los procesos de evaluación social y ambiental de los proyectos.

- Estándares sociales y ambientales más estrictos, incluyendo requisitos de consulta pública más sólidos. Así, los proyectos de mayor riesgo deben implantar planes de acción y sistemas de gestión ambiental y social, realizar consultas a las partes afectadas por el proyecto, establecer un mecanismo para recibir las reclamaciones de las partes interesadas, monitorear e informar a lo largo de la vida del crédito y, someter a revisión de un experto independiente la evaluación, el plan de acción y el proceso de consulta que garanticen el cumplimiento de los PE.

- Compromiso de los bancos firmantes a informar periódicamente sobre la implantación de los PE. Este requisito se recoge en un nuevo principio por el que las entidades adheridas reportarán, como mínimo, el número de transacciones categorizadas y clasificadas por las tres categorías de riesgo (A, B y C) así como información relativa a la implantación de los PE.

Con la revisión de los PE los bancos firmantes reafirman su compromiso con la sociedad y el entorno natural y se ponen en cabeza de la banca comercial para aprovechar las nuevas oportunidades derivadas de la gestión de los riesgos sociales y ambientales de los proyectos promovidos por sus clientes. Este es el reto y la mejor forma de afrontarlo es fomentar la participación activa de las partes interesadas para acordar las reglas de juego de un mercado cada vez más global y comprometido con el desarrollo sostenible.