Las entidades financieras que adoptan estos principios se comprometen a evaluar y tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financian y, por lo tanto, a conceder créditos sólo para aquellos proyectos que puedan acreditar la adecuada gestión de sus impactos sociales y medioambientales.

"El Banco se compromete a analizar desde el punto de vista medioambiental los proyectos de inversión por montos iguales o superiores a los $15 millones, bajo los estándares establecidos por la CFI. De esta forma se difunde la manera en la que se lleva adelante el negocio en relación con todos los grupos de interés: clientes, accionistas, empleados, sociedad, medio ambiente y proveedores", afirmaron voceros del Banco.
Los Principios de Ecuador fueron lanzados en el año 2002 y revisados durante 2006. En el marco de estas normas, los prestatarios se seleccionan según los criterios ambientales y sociales de la CFI como A, B o C (riesgo social o ambiental alto, mediano y bajo).

Para los proyectos A y B (riesgo social o ambiental alto y mediano), los prestatarios deben realizar una evaluación ambiental que aborde los temas ambientales y sociales identificados durante el proceso de clasificación. Luego de la consulta pertinente con las partes interesadas afectadas por el proyecto a nivel local, los proyectos de la categoría A y B, de ser necesario, deben preparar Planes de Gestión Ambiental que encaren la mitigación y monitoreo de los riesgos.
Numerosas entidades financieras internacionales ya adoptaron estos principios, pero el Banco de Galicia es "la primera entidad que adhiere dentro del Cono Sur".