En marzo de 2011 se presentó el Informe del Representante Especial del Secretario General John Ruggie para la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

El informe resume la labor realizada entre 2005 y 2011 y presenta los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"", con vistas a su consideración por el Consejo de Derechos Humanos.

Después de seis años de seguimiento minucioso y exhaustivo y de un intenso período de debate ahora se analiza sobre el avance logrado en la cuestión de los Derechos Humanos.

A principios de este año el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el  nuevo conjunto de principios rectores para los Derechos Humanos y Empresas diseñado para ofrecer -por primera vez- una norma mundial para la prevención y el tratamiento del riesgo de efectos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial.

Durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos muchas empresas se quejaban del uso de terminos como "regulación” al tocar estos temas. Según la información que circula habría un conflicto de intereses entre el sector público y el privado por estos principios.

Se evidencian avances en dos o tres áreas de interés necesarias para cambiar el comportamiento empresarial con respecto a los derechos humanos:

- Los gobiernos se mueven rápidamente para nivelar las normativas internacionales respetando la idea de responsabilidades empresariales voluntarias.

- La OCDE integró la noción de respeto de los derechos humanos- y su operatividad en la forma de un acto de diligencia u obligación debida- en las Directrices para las empresas multinacionales (Guidelines for Multinational Enterprises).  Ese paso se hizo en plena coordinación con el equipo de Ruggie, asegurando la coherencia de las normas.

- Lo mismo sucedió con la Guía de la OCDE para la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro en referencia a los minerales en conflicto a partir de 2011, el documento público más detallado sobre las obligaciones de la cadena de suministro, y que quizás será incluida en la norma norteamericana Dodd-Frank sobre estos minerales.

Al mismo tiempo, las expectativas sociales han comenzado a surgir sobre la base de los nuevos estándares normativos establecidos en estos Principios. Se formó una coalición global de organizaciones de la sociedad civil que ha puesto en marcha el Proyecto Obligaciones en materia de Derechos Humanos (Human Rights Due Diligence Project) con el objetivo de formular recomendaciones jurídicas y políticas a los gobiernos sobre formas de prevenir, remediar y mitigar los impactos sobre los derechos humanos.

Muchas empresas-al menos aquellas que son conscientes de estos problemas – consideran justa y viable la definición de estos Principios Rectores como una responsabilidad empresaria en materia de derechos humanos, basados en la idea de que este tema impacta en los negocios y  pone en riesgo sus actividades. Varios de ellos han hecho compromisos explícitos para poner en práctica los principios. Pero demasiadas empresas siguen siendo ignorantes en la materia o siguen encerradas en los enfoques de la vieja escuela de la RSE.

Los expertos afirman que será necesario que la sociedad civil incremente sus esfuerzos para asegurar que los gobiernos pongan en marcha políticas correctas en materia de DDHH. Además se necesita un sector privado que trabaje en alianza con los gobiernos para crear incentivos y una  base normativa que regule el tema.

Mientras que países como Noruega y Colombia han reformado sus posturas nacionales en relación a las Directrices de la OCDE, jugadores clave como Canadá, China, India o EE.UU no parecen dispuestos a tomar las medidas necesarias para ofrecer soluciones no judiciales a las víctimas de procedimientos que violan los derechos humanos. En la mayoría de estos países, los obstáculos para que las víctimas acerquen sus quejas a los tribunales siguen siendo muchos.

Así que el progreso es provisorio. Los Gobiernos, la sociedad civil y las empresas están dando pasos importantes en el intento de poner en marcha un marco internacional. Pero aún falta trabajo en el plano nacional. Y, con la excepción de la política de la UE, el mundo de la RSE parece no involucrarse en este tema.