"Este doble golpe demuele el derecho de los trabajadores a formar y a afiliarse a sindicatos", sostiene Carol Pier, investigadora sobre derechos laborales y asuntos comerciales de Human Rights Watch.
En el informe de 210 páginas, titulado "Descuento en Derechos: La violación del derecho de los trabajadores estadounidenses a la libertad de asociación por parte de Wal-Mart," Human Rights Watch concluye que mientras muchas compañías norteamericanas utilizan las débiles leyes laborales estadounidenses para impedir la sindicalización de sus trabajadores, el gigante minorista sobresale por la sola magnitud y agresividad de su aparato antisindical. Muchas de sus tácticas antisindicales son lícitas en los Estados Unidos, aunque se combinan para menoscabar los derechos de los trabajadores. Otras contravienen las débiles leyes estadounidenses.

"Los trabajadores de Wal-Mart no tienen virtualmente ninguna posibilidad de organizarse ya que deben hacer frente a las injustas leyes laborales estadounidenses y a una compañía gigantesca que está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para mantenerse libre de sindicatos," señaló Carol Pier, investigadora sobre derechos laborales y asuntos comerciales de Human Rights Watch. "Este doble golpe demuele el derecho de los trabajadores a formar y a afiliarse a sindicatos."
La conducta de Wal-Mart resulta especialmente preocupante en tanto constituye la compañía más grande del mundo. Wal-Mart ha obtenido 351,14 billones de dólares en ingresos y 11,3 billones de dólares en utilidades en el año fiscal que concluyó en enero de 2007. Es el empleador privado más grande de los Estados Unidos, con más de 1,3 millones de trabajadores y cerca de 4.000 tiendas en todo el país. Ninguno de estos trabajadores se encuentra representado por sindicato alguno. Human Rights Watch concluyó que no se trata de un hecho fortuito.

La investigación de Human Rights Watch reveló que, en la mayoría de los casos, Wal-Mart comienza a adoctrinar a sus empleados y gerentes para que se opongan a los sindicatos desde el mismo momento en que los contrata. Los gerentes reciben instrucciones explícitas sobre cómo evitar la formación de sindicatos, muchas de las cuales forman parte de la "Caja de Herramientas Gerenciales," una guía explicativa para gerentes sobre "cómo permanecer libres de sindicatos en el caso de que los representantes sindicales elijan su establecimiento como el próximo blanco."
A los gerentes de las tiendas se les exige que llamen a la Línea Sindical de Wal-Mart en la oficina central cuando los trabajadores intentan organizarse. La compañía responde enviando su Equipo de Relaciones Laborales casi inmediatamente para frustrar los esfuerzos de sindicalización.
La mayoría de las tácticas empleadas por el Equipo de Relaciones Laborales se ajustan a la débil legislación estadounidense. Los miembros del equipo llevan a cabo reuniones pequeñas y grandes con "audiencias cautivas," instando expresamente a los trabajadores a concurrir a las mismas. A los trabajadores se les informa sobre las terribles consecuencias que trae la formación de sindicatos y se les enseñan videos que dramatizan el mensaje. Wal-Mart envuelve a los trabajadores en su mantra antisindical y deja un margen muy reducido para que los partidarios y los organizadores sindicales puedan responder – bajo la legislación estadounidense no está obligado a hacerlo.

"Los empleadores pueden presentar sus argumentos antisindicales abiertamente en el lugar de trabajo, mientras al mismo tiempo prohíben el accionar de los representantes sindicales en la propiedad de la compañía," señala Pier. "Difícilmente podemos considerarlo como un clima de elecciones libre y democrático, y sería injusto en cualquier contienda política."
La constante prédica antisindical de Wal-Mart crea un clima de miedo en sus tiendas de los Estados Unidos. Muchos empleados están convencidos que sufrirán consecuencias graves si forman un sindicato, en parte porque no escuchan posturas pro-sindicales. Muchos temen, incluso, que si desafían a su poderoso empleador organizándose, podrían sufrir represalias, incluso despidos.

Human Rights Watch descubrió que Wal-Mart intensifica este miedo con su arsenal de tácticas antisindicales ilícitas. Wal-Mart ha enviado gerentes a escuchar las conversaciones de sus empleados. Según empleados y gerentes retirados de una tienda, se ha ordenado incluso reposicionar las cámaras de vigilancia para monitorear a los simpatizantes sindicales. Se les ha dicho a los empleados que perderán beneficios si se organizan. De manera discriminatoria, la compañía ha prohibido hablar sobre sindicatos y ha vedado la distribución de panfletos sindicales, en tanto que ha permitido que se discutieran otros temas y que circulara material no vinculado a cuestiones sindicales. Ha disciplinado a los partidarios sindicales por infringir ciertas políticas de la empresa, mientras no ha sancionado contravenciones similares cuando fueron cometidas por opositores a los sindicatos. Y ha despedido de manera ilegal a trabajadores por su actividad sindical.

Las penas establecidas por la legislación laboral estadounidense son tan leves que tienen escaso efecto disuasivo, y Wal-Mart apenas recibe un apercibimiento menor cuando es encontrado culpable de alguna conducta ilegal. En la mayoría de los casos, los empleadores que han cometido abusos simplemente deben colocar anuncios en sus tiendas comprometiéndose a respetar la ley en el futuro y, asimismo, deben restaurar el status quo previo a los actos ilegales, por ejemplo, recontratando a los empleados despedidos indebidamente y pagándoles las ganancias perdidas. No enfrentan multas o sanciones punitivas.
Privados de su derecho a formar sindicatos, los empleados de Wal-Mart han sido incapaces de unir sus fuerzas para elevar sus inquietudes sobre la presunta política de la empresa de deshacerse de los empleados de mayor antigüedad, para ocuparse de su lucha por sobrevivir con los salarios de Wal-Mart o para reclamar el cese de los elevados costos del seguro de salud.

Una manera clave de mejorar las protecciones para la organización sindical sería que el Congreso de los Estados Unidos sancionara el Acta para la Elección Libre del Empleado (AELE) y que la administración Bush la convirtiera en ley. El AELE, aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el mes de marzo y actualmente bajo consideración del Senado, incrementaría las penas por violación de la legislación laboral. A su vez, contribuiría a restaurar un proceso democrático de selección de sindicatos al exigirles a los empleadores que reconozcan un sindicato si la mayoría de los trabajadores ha firmado los formularios de autorización sindical en apoyo al mismo. En la actualidad los empleadores pueden forzar las elecciones sindicales y luego intimidar a los trabajadores con mensajes antisindicales agresivos durante el período de campaña.

Human Rights Watch también exhortó a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, responsable de aplicar la legislación laboral estadounidense, a que obtuviera más amparos de las cortes federales en respuesta a acusaciones serias de conductas ilegales por parte de los empleadores, en especial en el caso de infractores recurrentes tales como Wal-Mart.
Human Rights Watch instó a Wal-Mart a poner fin a todas las tácticas, avaladas o no por la legislación de los Estados Unidos, que cercenan el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y, en su condición de líder en su rama de actividad, a dar un paso más allá y comprometerse a mantenerse neutral en la formación de sindicatos.
Para este informe, Human Rights Watch entrevistó a 41 trabajadores y gerentes actuales y retirados de las tiendas de Wal-Mart en los Estados Unidos en las que la organización sindical tuvo lugar desde el año 2000. Algunos de ellos apoyaban al sindicato; otros se oponían; y otros mantenían una posición de ambivalencia. Human Rights Watch también contactó a Wal-Mart por escrito en tres ocasiones para obtener las impresiones de la compañía. Wal-Mart se negó reiteradamente a reunirse y sólo brindó respuestas muy limitadas.
"Wal-Mart debería modificar su conducta antisindical," señaló Pier. "Cuando empresas como Wal-Mart pueden violar regularmente el derecho de los trabajadores estadounidenses a organizarse, amenazan un derecho fundamental y uno de los cuales el gobierno está obligado a defender."