Según Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios se está proponiendo “una legislación importante sobre la transparencia de las empresas de todos los sectores. Se trata de proporcionar información útil para las empresas, los inversores y la sociedad en general, algo muy reclamado por la comunidad de inversores. Las empresas que ya publican información sobre su rendimiento financiero y no financiero adoptan una perspectiva a más largo plazo a la hora de tomar sus decisiones.También disfrutan de menores costes de financiación, atraen a los trabajadores con talento y los conservan y, en última instancia, tienen más éxito. Esto es importante para la competitividad europea y la creación de más puestos de trabajo. Las mejores prácticas deben convertirse en la norma. Las nuevas normas solo se aplicarán a las grandes empresas, con más de 500 empleados, porque los costes de exigir su aplicación a las pequeñas y medianas empresas (PYME) podrían pesar más que las ventajas”.

Las grandes empresas, con más de 500 empleados, son las que estarán obligadas a difundir esta información en sus reportes anuales. Ante las dudas del sector privado, se previó que que la carga administrativa sea mínima, con información concisa que resulte necesaria “en vez de un informe completo y detallado de sostenibilidad”. Si de acuerdo a su industria no es pertinente para la empresa, esta no estará obligada a informar y podrán utilizar marcos internacionales o nacionales que consideren apropiadas (por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ISO 26000 o el código de sostenibilidad alemán).

En materia de diversidad corporativa, las grandes empresas que cotizan en bolsa tendrían que dar información sobre su política de diversidad (edad, sexo, diversidad geográfica, formación y experiencia profesional)En la actualidad, menos del 10 % de las mayores empresas europeas divulga este tipo de información.

Con el tiempo, algunos Estados miembros han introducido requisitos de divulgación más estrictos que los dispuestos en la cuarta Directiva sobre Derecho de sociedades. Por ejemplo, el Reino Unido promulgó legislación sobre este tema en 2006 y la está actualizando ahora; Suecia lo hizo en 2007; España, en 2011, el mismo año en que Dinamarca modificó su legislación, mientras que la última actualización hecha por Francia data de mayo de 2012.

Críticas desde la sociedad civil

La propuesta dada a conocer hoy por la Comisión Europea "no garantiza un comportamiento empresarial ético" de acuerdo con la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ), porque "la Comisión propone exigir a las empresas a revelar sus riesgos y las políticas relacionadas con el medio ambiente, los derechos sociales y humanos, pero sólo en cuanto a los riesgos de poner en peligro a la empresa y los accionistas y no a las comunidades o el medio ambiente. La propuesta permitiría a las empresas demasiada discreción sobre cómo informar y sobre qué. Además, carece de indicadores concretos y no incluye sanciones para garantizar que las empresas realmente cumplan con el requisito" expresó hoy Jerome Chaplier, Coordinador de ECCJ.