La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha dado luz verde a una resolución no vinculante que pide que plataformas de «economía colaborativa» como Uber o Airbnb cumplan con las obligaciones legales fiscales y laborales para asegurar la competencia justa en el mercado.
Los eurodiputados reconocieron los «beneficios» de los nuevos modelos, si bien llamaron a que se cubran los agujeros de legalidad sobre los mismos.
En cuanto a los derechos de sus trabajadores, reclamaron condiciones decentes de trabajo, así como la posibilidad para los colaboradores de llevar consigo a otras empresas sus valoraciones positivas de usuarios, su «valor de mercado digital», dice el texto. También solicitaron que se distinga en la legislación a las personas que prestan a nivel ocasional e individual un servicio, de los que lo hacen de forma estable, a los que llama a considerar «profesionales» con todas sus consecuencias legales.
En lo que respecta a la fiscalidad, señalaron que estas plataformas deberían enfrentarse a las mismas obligaciones que otras empresas de servicios comparables.
Por último, se pide que en las plataformas de economía colaborativa los consumidores disfruten de sus derechos de información, queja y mediación de conflictos.