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Después de semanas de demora, finalmente la comsión europea aprobó hoy una versión mucho menos exigente de la Directiiva de Debida Diligencia de Sostenibildiad Corporativa para empresas europeas.
Durante 2023 se siguieron escuchando voces, tanto de la sociedad civil como de los sindicatos y organismos internacionales, que claman por fijar marcos normativos en materia de empresas y derechos humanos. Todo hace pensar que esta tendencia se incrementará durante los próximos años y tendrá un particular impacto en América Latina, región en la que diversos países están atravesando procesos de este tipo. Los procesos de debida diligencia voluntarios parecieran llegar a su fin.
Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron nuevas normas que obligan a las empresas a integrar sus derechos humanos y su impacto medioambiental en sus sistemas de gestión. Se aplica a empresas de la UE y fuera de la UE con una facturación superior a 150 millones de euros, y empresas más pequeñas en sectores como la fabricación de textiles, la agricultura, los recursos minerales y la construcción. Habrá un régimen de responsabilidad civil por daños. Las sanciones incluyen multas de hasta no menos del 5% de la facturación mundial neta.
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