¿Cómo ve la situación de los DDHH y empresas en América Latina?

En la medida que los países y las economías se abren al mundo y participan en la globalización las tendencias en estos temas llegan a nuestra región. Parte de estas tendencias globales llaman a ampliar la mirada y el alcance sobre riesgos e impactos y sobre qué es lo que determina el valor de una empresa y qué es lo que determina su sostenibilidad de largo plazo. Hoy en día es una combinación entre aprovechar sus fortalezas y rentabilizarlas, pero también gestionar sus riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo de manera preventiva y proactiva. Esa combinación es lo que hace viable una empresa a largo plazo. Por lo tanto, en esa lógica de enfoque preventivo respecto de riesgos o impactos sociales, la variable de DDHH entra centralmente porque se trata de reconocer y respetar derechos.

Ahora, en nuestra región y por nuestro pasado de dictaduras hay una cierta resistencia para usar el idioma de DDHH y asociarlos al mundo empresarial. Pero esa es una transición que es obvia, que vamos a tener que hacer, y vamos a tener que acostumbrarnos al uso del lenguaje. En la medida que nuestras empresas compiten en mercados globales es inevitable que la variable impactos sociales y reconocimiento de derechos de personas vulnerables o afectadas por acciones empresariales se vuelva parte del lenguaje común.

En su opinión, ¿cree que los gobiernos van a terminar exigiendo informes de debida diligencia a las empresas?

Está por verse, porque ya hay gobiernos en el mundo que lo exigen. Por ejemplo, el gobierno de Francia, y el Reino Unido, ya lo exigen. Por otro lado, Suiza, Suecia y Alemania, están pensando en cómo estimular ejercicios de debida diligencia en DDHH. Esto implica incentivar un enfoque preventivo respecto de impactos negativos, que no sólo protege a las personas sino también el interés empresarial y su competitividad. Así lo están viendo los gobiernos europeos.

También hay un efecto del poder judicial. Hay una tendencia para cambiar el peso de la prueba desde el más vulnerable en la relación empresa-sociedad hacia el más fuerte, que es la empresa. Esto quiere decir que una empresa que se quiera defender de una acusación de prácticas indebidas va a tener que probar que actuó diligentemente, es decir de manera preventiva. Independiente de que el gobierno local incentive este tema, las cortes de justicia lo están pidiendo como un elemento de prueba. Y los gobiernos europeos están exigiendo a sus empresas, por ejemplo el deber de vigilancia que aplica a las empresas francesas operando en el extranjero.

Por lo tanto irremediablemente nos encontraremos en un futuro la obligación o la presión judicial. Lo que si visualizo es que el ejercicio de debida diligencia se volverá obligatorio para empresas estatales. Es algo que la ONU como la OCDE predicamos que los gobiernos líderes dando el ejemplo en sus propias empresas. Si se vuelve obligatorio partirá por las estatales y no por las privadas.

¿Cómo ve al sector privado a la hora de reportar DDHH en los reportes de sustentabilidad?

Muy débil todavía. No hay una costumbre de reportar desafíos. No tenemos una cultura de reconocer errores y de plantear lo que falta. Lo que prevalece todavía es contar historias de nuestros éxitos y atributos y no los desafíos. Y la temática de DDHH requiere una identificación de riesgos y de impactos negativos que sean comunicados proactivamente y con transparencia.

¿La dificultad de contar lo negativo, es culpa de las empresas o también del resto de actores?

Hay responsabilidades compartidas, porque hay actores sociales que al ver información de este estilo le caen encima a la empresa. Hay un gran temor de transparentar impactos negativos porque pueden ser tomados como una especie de confesión de culpabilidad y no ser valorados como una oportunidad de mejora. Las empresas con malas prácticas no hacen esfuerzos de transparencia. Las empresas que intentan ser transparentes más bien hay que ayudarlas a serlo y no bombardearlas, mas allá de críticas razonables.

Ha mencionado que se está armando un fondo de la Unión Europea para difundir la ética

Es un proyecto aprobado para infundir la conducta responsable en Latinoamérica. Con prioridad en 9 países, entre ellos la Argentina. Es un proyecto que será co-ejecutado entre la OCDE, la OIT y la oficina del alto comisionado y el grupo de trabajo de empresas y DD.HH. Lo que va a promover es a aprender a hacer ejercicios de debida diligencia, aprender a mirar impactos negativos; y apoyar a gobiernos en sus planes nacionales de empresas y DDHH; y propiciar aprendizajes entre países y entre los sectores.

Además, estamos organizando el Diálogo regional multi stakeholders sobre DDHH y empresas para enero de 2019. Está por confirmarse un dialogo para empresas listadas en bolsas de valores, privadas, entre emisores. Pero con un enfoque multistakeholders para conversar sobre desafíos de manera proactiva. En marzo vamos a reunir a representantes sindicales, agencias internacionales, empresas, sociedad, para que podamos tener una conversación franca sobre los grandes desafíos macro de nuestra región y para identificar espacios de colaboración.