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"En América Latina aún faltan políticas de derechos humanos contextualizadas"

26.09.2019 | DD.HH. y Empresa

Marina Marcal, analista de política e incidencia en Derechos Humanos de Oxfam Brasil, conversó con ComunicarSee durante la 4ta. Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos organizada en septiembre por la CEPAL en Santiago de Chile. Marcal describió las novedades de la campaña “Detrás de los precios” y la eficacia de los análisis de Debida Diligencia. Además, cuestionó el nuevo Decreto del Gobierno de Brasil que establece directrices nacionales para empresas y derechos humanos.


¿Cómo trabaja Oxfam con las empresas en América Latina en materia de Derechos Humanos?

“Desde Oxfam Brasil, nosotros impulsamos una relación con las empresas que llamamos de “amigo crítico”. Es decir, buscamos dar visibilidad a las denuncias de violaciones a Derechos Humanos pero entendemos que las empresas tienen mucho por hacer, tanto para prevenir y mitigar sus impactos como para remediar sus violaciones. Por eso, somos una organización que cree que es importante que las empresas asuman compromisos públicos contra las violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo dialogar pero también criticar publicamente las empresas, buscando generar cambios y transformaciones.  

Desde 2013, el foco de nuestro trabajo fue la Campaña “Behind the brands” o “Detrás de las Marcas”. Esta es fue una campaña global que analiza el desempeño de las empresas de la industria de alimentos y bebidas en materia de Derechos Humanos. Analizamos las 10 empresas más grandes como Nestlé, Unilever, Mars, Mondelez, Coca Cola, Pepsico para estimular una carrera para arriba en sus políticas y prácticas de Derechos Humanos.

En Brasil, ahora monitoreamos los compromisos de políticas sobre tierras de Coca Cola, Pepsico, Unilever y Nestle. Comprendemos que estas empresas tienen políticas de desarrollo sostenible podrían ser más eficaces en el monitoreo del desempeño en derechos humanos de su cadena de valor. En Brasil, ambas empresas respondieron a la campaña lanzando políticas de tolerancia cero con aquellos proveedores involucrados en áreas de conflicto por tierras, un tema crítico en DD.HH. para nuestro país.

Otro trabajo que desarrollamos es analizar las multinacionales brasileñas que operan en América Latina. El trabajo es intenso, pero me gustaría destacar que aún faltan políticas de derechos humanos contextualizadas. Es decir, bajadas a la realidad local, porque muchas políticas pueden ser muy genéricas, creadas en la casa matriz, y desvinculadas a la realidad de América Latina. Por eso nuestro esfuerzo de destacar la necesidad de las  empresas a trabajar en estas políticas y vincularlas a la realidad local y a sus cadenas de valor”.

Se anunció que en octubre se relanzará la campaña global “Detrás de los Precios”, ¿en qué consistirá?

“Así es, en octubre se relanzará a nivel global la campaña “Behind de Price” o “Detrás de los Precios” que busca analizar el desempeño de los supermercados, su ganancias y la vulneración de los derechos de los trabajadores. En Brasil, la campaña se enfocará en la industria de la fruta y su relación con las cadenas de supermercados.

Un informe previo a la campaña detectó que los supermercados retienen un porcentaje cada vez mayor del dinero que los consumidores pagan en el precio final al consumo, en ocasiones hasta un 35%. Mientras esto ocurre, las personas que cultivan y trabajan en las cadenas de suministro de estos supermercados, apenas logran subsistir.

Los supermercados tienen el poder de influir sobre sus proveedores y deben hacerlo. La campaña busca presionar a las empresas para garantizar un “trabajo digno” en su cadena”.

¿Cuáles son los desafíos más importantes para nuestra región?

“El gran desafío de América Latina hoy es abordar violaciones a los Derechos Humanos que no son tan visibles como el trabajo infantil o el trabajo esclavo, pero que involucran la dignidad humana”. En mi experiencia trabajando en la campaña “Detrás de los Precios” pude aprender que hay violaciones más sutiles, situaciones de indignidad. Por ejemplo, los trabajadores de la cadena de mango o uva de Brasil reciben tan poca retribución que no les alcanza para comprar estas mismas frutas en los supermercados.  Esta es la realidad de toda América Latina, donde no todos los trabajadores pueden ser consumidores en igualdad de condiciones”.

¿Cómo ven el proceso de Debida Diligencia como metodología para el análisis de los impactos y riesgos en Derechos Humanos? ¿es eficaz?

“Para Oxfam es un procedimiento clave que todas las empresas deben implementar. El valor de este análisis es que mira toda la cadena de valor de la empresa, que es donde están mayormente sus impactos en DD.HH. Es responsabilidad de las empresas llevar adelante este análisis antes de iniciar sus operaciones en una región o de establecer relaciones comerciales con proveedores. Pero es clave que estos análisis no se hagan en solitario sino con la participación de la sociedad civil y de los trabajadores, para detectar los riesgos verdaderos. Además, tiene que estar enfocada en el contexto local y regional para no estar desconectadas de las necesidades de la región”.

En noviembre pasado, el gobierno brasilero aprobó un decreto que estableció directrices nacionales para empresas y derechos humanos en Brasil, ¿en qué consiste y cuál es la opinión de Oxfam sobre este decreto?

“La publicación del Decreto 9571 ignoró la participación de la sociedad civil y descartó la importante movilización que realizamos los miembros de la red GT Corporações, que nuclea a organizaciones y especialistas en Derechos Humanos. La red discutió qué política pública necesita Brasil en derechos humanos durante al menos 3 años. Esto se ignoró por completo.

Además, el texto del decreto en sí tiene numerosas lagunas, por ejemplo: no está relacionado con otros marcos regulatorios importantes, como la Política Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; no habla de extraterritorialidad ni de los impactos de las empresas brasileñas en otros países; no aborda el tema de la debida diligencia en las cadenas de suministro y no avanza el tema del consentimiento informado previo para las comunidades y los pueblos afectados por las empresas.

El decreto no satisface las necesidades de la sociedad brasileña y parece más un intento de disfrazar un PNA (Plan Nacional de Acción para las Empresas y los Derechos Humanos). Desafortunadamente, como instrumento para avanzar en la agenda de las empresas y los derechos humanos en el ámbito público y privado, está lejos de ser lo deseado. Creemos que el decreto debe revisarse en un proceso de amplia participación social”.

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