¿Cómo pueden las empresas ayudar a los refugiados y de qué manera se relaciona con los DDHH?

Las aptitudes y capacidades de las personas refugiadas tienen un potencial económico importante para las sociedades receptoras. Muchas veces, logran dar respuesta a una demanda de trabajo que, por diversas razones, no es satisfecha por el mercado local. Una inserción laboral estable y en condiciones favorables genera aportes económicos, culturales y sociales en las comunidades.

Las empresas juegan, aquí, un papel fundamental. Facilitar el acceso al empleo es una de las principales formas de lograr un impacto concreto, inmediato y sostenible. En Argentina, las personas refugiadas y migrantes pueden trabajar con su Certificado de Residencia Precaria, bajo las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, pero muchas veces los empleadores desconocen esta documentación.

Algunas personas migrantes o refugiadas encuentran barreras relacionadas con las diferencias culturales (a la hora de llevar adelante una entrevista o elaborar un CV) y por eso sus perfiles laborales, muchas veces adecuados, terminan siendo rechazados durante los procesos de selección. Las empresas pueden evitar esto, revisando sus procesos y generando instancias de capacitación interna dentro de los propios equipos. También pueden promover la empleabilidad de las personas refugiadas con iniciativas que desarrollen competencias para el empleo, a través de capacitaciones que prioricen las tendencias del mercado laboral local. Otra forma de hacerlo es apoyando procesos de validación de las competencias y saberes que traen consigo las personas de sus países de origen pero que no logran acreditar, en algunos casos, por la imposibilidad de traer consigo títulos universitarios dada la dificultad de sus traslados y, en otros, por la complejidad de su convalidación.

Como punto de partida, es recomendable que la empresa se haga una serie de preguntas. ¿Los perfiles o descripciones de puestos tienen sesgos arbitrarios? ¿Los requisitos de convalidación de títulos son estrictamente necesarios para determinados puestos al momento del reclutamiento? ¿Pueden convertirse en barreras a la hora de acceder a promociones y ascensos una vez dentro de la empresa ¿Es necesario capacitar a los entrevistadores o modificar parámetros en la selección de curriculums? ¿Existen brechas salariales entre personas de distintas nacionalidades con responsabilidades equivalentes? Y, como siempre al trabajar en temáticas vinculadas con los derechos humanos, es necesario contar con mecanismos adecuados para recibir denuncias sobre condiciones laborales, tratos discriminatorios, entre otros, así como mecanismos de reparación. Por último, la falta de redes es un desafío para muchas personas refugiadas y migrantes, lo cual las puede afectar en la forma de conciliar la vida laboral y familiar, o en las posibilidades de enfrentar emergencias ambientales, sociales o sanitarias como la que vivimos actualmente, así como informarse sobre ellas.

Más allá del ámbito laboral, las empresas también pueden apoyar emprendimientos de personas refugiadas, contribuyendo a que fortalezcan sus negocios, facilitando el acceso a capitales semilla y microcréditos, e incorporándolos en sus cadenas de valor. También pueden revisar sus prácticas vinculadas a sus clientes y consumidores para asegurarse de que se los incluya y se respeten sus derechos.

¿Cómo percibe la situación laboral de los refugiados en la Argentina?

En Argentina, hay más de 185.000 personas con necesidades de protección internacional, que huyen de situaciones de persecución, violencia, conflicto, violaciones masivas de derechos humanos, entre otros. Si bien los datos son un gran desafío, se sabe que existen altos niveles de ocupación que conviven con elevados niveles de informalidad laboral, mayores a los de la población local, y sobrecalificación en los puestos de trabajo debido, entre otros factores, a la dificultad en el reconocimiento de saberes. Entre las personas venezolanas, por ejemplo, el nivel de educación es, en general, superior a la población local, con altos niveles de estudios superiores completos.

Los datos previos a la pandemia muestran que los niveles de pobreza son más altos en hogares que están total o parcialmente integrados por migrantes. Esto es así aunque las personas migrantes tienen tasas de empleo mayores, lo que demuestra que la condición de pobreza no es consecuencia de una ausencia de ingresos sino de una mayor precariedad de su inserción en el mercado laboral. A pesar de tener ingresos, éstos son insuficientes para cubrir la canasta básica. Más del 85% se concentra en cuatro ramas de actividad, que suelen representar sectores de menores ingresos: servicio doméstico, construcción, industria manufacturera y comercio. También existe un alto nivel de cuentrapropismo que incluye tanto actividades profesionales como venta ambulante, siendo éstas últimas muchas veces de subsistencia.

El contexto de emergencia sanitaria COVID-19 agravó sensiblemente la situación. Además de insertarse en el sector informal, las personas refugiadas se desempeñan en mayor medida en los sectores más afectados (comercio, hotelería, restaurantes y PyMEs) y los delivery y las economías de plataforma continúan consolidándose como una fuente de ingresos alternativa, a pesar de que a los riesgos ya existentes se le suman los sanitarios.

¿De qué manera está trabajando la ONU con el sector privado el tema refugiados y su relación con los DDHH y Empresa?

El desplazamiento forzado de personas ha alcanzado sus mayores cifras históricas desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 2019, 79,5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Esta problemática creciente fue reflejada ya en la Agenda 2030 que reconoce la contribución positiva de las personas migrantes y su papel fundamental en el desarrollo sostenible. En este contexto, hay dos hitos recientes. En 2018, los Estados Miembro de Naciones Unidas adoptaron el Pacto Mundial sobre Refugiados, que reconoce que una solución sostenible a las situaciones de las personas refugiadas no se puede lograr sin una cooperación amplia de todos los actores y hace especial hincapié en la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas. Por otra parte, a fines de 2019, se llevó adelante el Foro Mundial sobre Refugiados, en el que participaron 3000 representantes de gobierno, sector privado, sociedad civil y academia. Se lograron 840 compromisos innovadores para acelerar los impactos en las poblaciones. Otra novedad fue que el sector privado se comprometió a aportar no sólo recursos financieros, sino también tecnología, nuevos modelos comerciales y su expertise a las respuestas de los refugiados.

En definitiva, una solución sostenible a la crisis mundial de refugiados requiere de acciones colectivas entre los distintos actores de la sociedad. Entre ellos, el sector privado es clave para pensar estrategias de inclusión socioeconómica para la población. El beneficio es doble, al hacerlo, las empresas generan espacios de trabajo más inclusivos, diversos, creativos y comprometidos.

En 2019, 10 empresas se comprometieron con la inserción socioeconómica de personas refugiadas en Argentina ¿Qué balance hacen de ello?

El balance es positivo. En ese marco, hubo cientos de contrataciones a personas refugiadas y migrantes. Es un grupo de empresas comprometido con brindar igualdad de oportunidades a todas y todos, sin importar su condición migratoria. A partir de entrevistas con el personal, se ven realmente entornos laborales diversos con alto grado de motivación.

Claro que 10 empresas no es suficiente, pero es un primer paso para que el resto se anime. Muchas empresas no conocen el Certificado de Residencia Precaria, y no saben que les permite a las personas obtener un CUIT y acceder a la seguridad social. Los desafíos de difusión de información y sensibilización son aún grandes. También se necesitan campañas de prevención de la discriminación y xenofobia, y mejores mecanismos que logren acercar de manera más eficiente la oferta de empleo a la demanda. El aumento en los niveles de desempleo conforman un contexto complejo que no podemos ignorar pero es necesario, más que nunca, continuar con las campañas de difusión y programas de inclusión laboral para que la recuperación socioeconómica no deje a nadie atrás.

¿Qué perspectivas tienen con respecto al tema migratorio y su relación con los DDHH y Empresa en un escenario post COVID?

El escenario post COVID es muy complejo. El empleo informal se vio gravemente afectado y los ingresos disminuyeron de manera drástica. Los trabajadores migrantes y refugiados se insertan en mayor medida en ese sector, y además se desempeñan en los rubros más afectados, lo cual ha amplificado aún más las brechas existentes. La pérdida de empleo, la disminución o suspensión de las remuneraciones, la dificultad de desarrollar oficios o profesiones, y precarización de las condiciones laborales, exacerba desigualdades ya existentes en el mercado de trabajo antes de la pandemia COVID-19. La escasez de redes de apoyo y contención, la falta de cobertura de la seguridad social y de la protección social agravan la situación. Las medidas del Estado para mitigar los efectos económicos de la emergencia sanitaria contemplan principalmente a las y los trabajadores asalariados formales y incorporan requisitos de documentación y residencia que excluye este grupo poblacional que se encuentra entre los más afectados.

La pandemia está provocando una de las mayores crisis económicas en América Latina. Es necesario que la respuesta de todos los actores se diseñe desde la complementariedad de las políticas, la especificidad de los distintos sectores de la economía, y contemplando la heterogeneidad de los grupos vulnerables y la especificidad de su interseccionalidad. Las personas migrantes y refugiadas no pueden quedar olvidadas.