Amanda Romero trabaja en el centro de información desde hace 7 años. Tiene una trayectoria como defensora en DD. HH en Colombia y en este momento, tiene a cargo 13 países de Sudamérica.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos se propone como meta central “introducir el tema de DD.HH. en las actuaciones de las empresas: cuáles son los aspectos positivos de las acciones que están haciendo para incorporar perspectivas de DD.HH., que vayan más allá de la RSE, ya que para nosotras la RSE se basan en principios voluntarios que no, necesariamente, tocan los asuntos de DD.HH. que le preocupa a las comunidades locales, individuos, a los trabajadores”. 

Realiza un análisis crítico de las iniciativas multisectoriales y de los informes de empresas. Hace un seguimiento de los más emblemáticos casos legales, demandas contra empresas, o acciones de empresas contra Estados, o contra activistas, tanto en la esfera del arbitraje internacional como en tribunales administrativos, penales y civiles. Además, tiene la misión de apoyar y fortalecer las voces de las comunidades o personas víctimas de abusos cometidos por las empresas.

¿Con qué herramientas trabajan sobre esta agenda?

Nuestro modelo de acción se basa, primero, en visitas. Recorremos una vez por semestre la región, con la finalidad de conocer cómo está el tema y estrechar lazos con gobiernos, empresas y organizaciones. Además, en cada visita organizamos talleres con distintas organizaciones. 

La segunda herramienta, y las más importante, es nuestro sitio web, donde tenemos más de 600 mil documentos en nueve idiomas, organizados en secciones especializadas. También tenemos publicado herramientas, guías, directrices e instrumentos.

La tercera herramienta es cómo buscamos la información, para eso realizamos diferentes alianzas: con académicos, con organizaciones aliadas, -pertenecemos a varias redes mundiales-, y también hacemos búsquedas nosotros mismos sobres los temas que más afectan a las personas. 

Por otro lado, el Centro se crea con el mandato de no recibir fondos de empresa ni de fundaciones empresariales para mantener la autonomía y capacidad crítica antes las empresas, por lo tanto, nuestros fondos provienen de gobiernos y de fundaciones privadas.  Esos fondos se canalizan y se trabajan para fortalecer proyectos específicos.

¿Cuáles son los tres temas críticos en la agenda de DD. HH. y empresa en América Latina?

Existen tres grandes temas: en primer lugar, pueblos indígenas y derecho a la tierra; en segundo, recursos naturales, vinculado con la extracción y la amenaza al agua, como el acceso al agua, glaciares, desvíos de ríos, etc.; el tercer tema es el laboral, en relación a los siguientes aspectos: el trabajo en condiciones de esclavitud; el trabajo infantil y las condiciones de salario digno y de supervivencia, como precarización laboral, despidos y la pérdida de capacidad de trabajadores.

¿Cuál es su posición con respecto al avance en la lucha contra el trabajo infantil en América Latina?

El trabajo infantil adquiere otras formas y modalidades de explotación laboral y sexual. En algunos casos no son reconocidas por los gobiernos y tienen aspectos que no se visibilizan. En este contexto, para nosotros y nosotras, no ha disminuido radicalmente, pero sí han aumentado las iniciativas. Ha habido trabajos exitosos de ONU, OIT y UNICEF en alianzas con organizaciones, pero no significa que no exista el problema en la región. 

Lo vemos desde dos perspectivas, por un lado, tenemos el caso de empresas que realizan buenas incitativas, como Adecco y Telefónica en Argentina, pero por la migración interna en América Latina de trabajadores y sus familias, se produce trabajo infantil en agricultura y comercio.

¿Cómo evalúan el avance de los Planes Nacionales de Acción de Empresa y Derechos Humanos en la región?

Tenemos tres aspectos: el primero es por parte de los gobiernos, de hacer una implementación de los acuerdos en los foros de la ONU sobre empresas y DD.HH., y las directrices que ha señalado el Grupo de Trabajo de Empresas y de DD.HH. para elaborar planes nacionales de acciones. 

El segundo, es sobre la participación de la sociedad civil. En este caso, los Planes Naciones tiene una dificultad en relación con la forma, el grado y la eficacia de la participación de la sociedad civil. 

El último aspecto, es que los elementos anteriores, no se traducen en prevenir nuevas situaciones o en remediar situaciones existentes. Por lo tanto, queda como una declaración de buenas intenciones, pero no se hace una implementación efectiva. Es decir, los planes nacionales son importantes, pero tienen varios desafíos. 

¿Las empresas han incorporado la cultura de la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos?

Hay una diferencia entre una empresa con la casa matriz en el norte global, donde se han hechos avances respecto a diligencia debida e incorporación de principios y resultados específicos en empresas y DD.HH.. Pero también tenemos que analizar es qué hacen las empresas estatales en América Latina, ver qué están haciendo en relación con la diligencia debida, la prevención y la remediación de daños. En ese mismo aspecto, también hay que analizar qué pasa con las empresas multilatinas, qué dimensión le están dando y cómo se puede medir un trabajo de incorporación de DD.HH.

Muchos sectores industriales que están siendo cuestionados tienen cadenas de valor muy extensas con varios eslabones. ¿Cómo se puede delimitar es la esfera de influencia de una empresa grande sobre esas cadenas?

Primero, es muy importante que las empresas tanto grandes como chicas, tengan una política de DD.HH.. En esta línea, la responsabilidad de la empresa contratante debe llegar a todas sus filiales, contratistas y cadenas de valor, es decir, hasta lo último. Pero las empresas pequeñas se pueden escudar en que no tienen los recursos, o no le competen, mientras que las empresas grandes, con sede global, tienen personal contratado para el tema y pueden ayudar a empujar a las contratistas. 

Pareciera que en la industria extractiva la agenda de DDHH no avanza lo suficiente: ¿es responsabilidad de la industria o de los gobiernos que deben regular?

El problema tiene muchas raíces. Por un lado, se ubica el tema de los recursos naturales como fuente de ingreso para los países y la idea de los gobiernos sobre la inversión extranjera, para sobrevivir la crisis económica mundial. En segundo lugar, existe una contradicción entre los distintos marcos jurídicos. Por ejemplo,  conflictos entre códigos de minería e hidrocarburos contra el código de medio ambiente o el convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. 

Además, cada vez hay más obstáculos para la consulta previa a pueblos indígenas, pero al mismo tiempo encontramos proyectos de ley para ampliar las concesiones mineras para las empresas, con flexibilización en regalías o de pago de impuestos, que pueden llevar a la evasión fiscal.

Por lo tanto, son una combinación de conflictos muy grandes, que dan por resultado un discurso contradictorio: las empresas pidiendo mayor seguridad jurídica para poder invertir en los países, y la expedición de normas que contradicen otras ya existentes, como el traslape de títulos de propiedad indígenas, sobre concesiones ambientales, o para explotación de recursos naturales.

Por otro lado, también se desarrolla un ambiente hostil contra activistas defensores del medio ambiente, que son estigmatizados como “terroristas ambientales” y son castigados por delito de terrorismo, y se produce un incremento de asesinatos, persecuciones, contra líderes sociales en toda la región.

Cada vez se habla más del Impacto del cambio climático en los DD.HH...

Estamos haciendo un seguimiento de las energías renovables y hemos encontrando problemas graves para América Latina, donde algunas propuestas contradicen y vulneran derechos de comunidades, por ejemplo, vinculadas a la energía eólica en Centroamérica, donde se ha desposeído a comunidades indígenas locales y ha habido hostigamiento y persecución, porque los indígenas no pueden cultivar esas tierras, que ahora son propiedad de multinacionales. También estamos observando la desinversión en energías fósiles. Por lo tanto, los estamos analizando de manera integral.

¿Están siguiendo desde el Centro los avances que tiene en la  ONU el acuerdo por un tratado vinculante de empresas y DD.HH.?

Si, lo estamos siguiendo y como parte de nuestra trayectoria, sabemos que el tratado no va tener una vía fácil en la discusión de las Naciones Unidas, -por los antecedentes negativosdel tiempo que tardan estos procesos-, pero al mismo tiempo, hay muchas organizaciones y gobiernos motivados, porque la situación es cada vez más preocupante. De todas maneras, aunque hay un ambiente favorable para su aprobación, no significa que el tratado se vaya a lograr rápidamente, ni que vaya a tener un carácter sancionatorio fuerte, ya que el poder de la ONU es muy limitado. No es un camino fácil, pero tampoco imposible.  

¿Qué empresas están en camino a tener un buen desempeño en esta materia?

Tenemos buenos ejemplos de empresas que se están esforzando, como el caso de Isagen (parte de Brookfield), en Colombia, una empresa de energía, que en zonas de conflicto ha hecho un trabajo de apoyo a las comunidades, a la sociedad civil, para prevenir la vinculación de las niños, niños y jóvenes al conflicto armado, tema que no le correspondería a una empresa de energía.

En el caso de Argentina, con respecto al trabajo infantil, Arcor, tiene un trabajo muy importante, que sirve en la discusión del trabajo infantil a nivel Latinoamérica.

Además, tenemos empresas que empiezan a dar pasos pequeños pero importante, y se preguntan qué tienen que hacer en DD.HH. Esas empresas, integran temas más fáciles para ellas, como la inclusión LGTB, o la inclusión de género, que consideramos claves también en una agenda de derechos humanos.