El estudio identifica que el 80% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia de manera directa en paraísos fiscales a través de sociedades participadas. Pese a este dato, existe una falta grave de transparencia en la información analizada al no aportar datos sobre sus actividades y operaciones en dichos territorios.

Mientras que las inversiones de las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso (entre enero y septiembre de 2010 la inversión ha sido el doble a la de todo el 2009) en España la recaudación por impuesto de sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios empresariales de las grandes empresas en el mismo periodo sólo han descendido un 14%. Aunque el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30% para grandes empresas, debido a las exenciones y deducciones de las que se benefician, en la práctica el tipo efectivo no supera el 10% de media sobre los beneficios.

Buscar el beneficio a través de estrategias de ingeniería fiscal, donde el fin único que prevalece es el de pagar los menos impuestos posibles, no sólo evidencia una ausencia de compromiso con el desarrollo de los países y sociedades donde se opera, sino que limita fuertemente la capacidad de estos de desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas. Por lo que no es sólo claramente incoherente con los compromisos públicos con el desarrollo sostenible de la economía, la sociedad y el medioambiente, sino que es una manifestación clara de irresponsabilidad social en la estrategia y decisiones de negocio de algunas empresas.

Cuando la mayoría de las empresas del IBEX 35 están obteniendo sus beneficios principalmente a través de sus filiales en el exterior se desconoce por completo cuál es su aportación a los recursos públicos de dichos países pues ninguna empresa desglosa los impuestos pagados ni las subvenciones recibidas por país. Por otro lado en una época de crisis en la que las intervenciones con dinero público en rescate de empresas privadas está siendo una herramienta habitual por parte de múltiples gobiernos, es especialmente necesaria una transparencia rigurosa y eficaz para conocer el destino de dichas ayudas.

Al mismo tiempo, actualmente se están realizando el pago de indemnizaciones millonarias a gestores que han llevado a las compañías a situaciones críticas, arrastrando en muchos de los casos a economías enteras, por prácticas especulativas y de mala gestión. El estudio pone de manifiesto que, aunque 29 empresas informan que tienen cláusulas de blindaje, solamente 1 aporta información detallada sobre tales medidas, sus beneficiarios y que la Junta General de Accionistas es quien las aprueba, además sólo el 50% informa de la retribución individualizada de los consejeros. Según datos extraídos de la CNMV, 21 de las 35 empresas del IBEX 35 subieron el sueldo a sus consejeros en 2009 y la retribución media por consejero fue de 602.000 euros, un 15,5% más que en 2008.

Este dato es relevante en un contexto en el que existe un control de gastos salariales, se habilitan nuevas formas de despido y las diferencias entre lo que ganan los ejecutivos y administradores de las empresas cotizadas y el sueldo medio de los empleados se acrecienta.

Casi todas las empresas del IBEX 35 cuentan con políticas y planes de igualdad que recogen diferentes aspectos, de igualdad de oportunidades, diversidad y no discriminación. Sin embargo, estos mecanismos no guardan relación con la presencia de mujeres en los órganos de dirección, que sigue siendo mínima y en algún caso inexistente. La presencia de mujeres en los Consejos de Administración del IBEX 35 es apenas un 10%. A este ritmo, la paridad no se alcanzaría antes de 2036.

El estudio detecta una vez más, falta de transparencia en la información voluntaria, de carácter económico, social y medioambiental, mientras que existe un avance moderado en la información de obligado cumplimiento. En un periodo de crisis con disminución de derechos sociales, congelación de sueldos y de pensiones el ciudadano exige cada vez más disponer de una información de máxima transparencia que genere confianza, por lo que no puede ser un acto voluntario sino que deben existir reglas claras y armonizadas.