La central sindcial Comisiones Obreras (CCOO) lleva impulsando desde hace varios años la participación y el voto de los fondos de pensiones de empleo en las empresas en las que invierten. 

“El objetivo es que el capital de los trabajadores se haga oir y promueva la gestión de las mismas con criterios de responsabilidad social, junto con los de rentabilidad financiera que rigen habitualmente la gestión empresarial”, sostienen los voceros sindicales.

La intervención del Fondo de Empleados de Cajasol responde a estos criterios. En esta ocasión se demanda una política retributiva más equilibrada, ya que el importe máximo destinado al plan de incentivos propuesto para 1.900 beneficiarios en el punto 8 del orden del día asciende a 450 millones de euros; 6,92 veces más que el plan propuesto para todo el grupo en el punto 10 (65 millones de euros).

Asimismo, se critica la errática política de comunicación de la sociedad, ya que se considera que ha emitido mensajes difíciles de comprender para la opinión pública, como el elevado beneficio consolidado (10.000 millones de euros), la ambiciosa política de distribución de dividendo para años futuros (1,75 € por acción), el plan de incentivos para consejeros y directivos (450 millones de euros) y el anuncio de la propuesta de reducción de plantilla en España en un 20% a lo largo de los próximos tres años.

Según las primeras informaciones, ya confirmadas por CCOO, otros fondos de pensiones del sistema de empleo, propietarios de más de 3 millones de acciones de Telefónica y que representan, al menos, al 32% de los partícipes (700.000 personas) también han ejercido sus derechos políticos en esta junta general de accionistas, emitiendo un voto no favorable a los planes de incentivos sometidos a votación en los puntos 8 y 9 del orden del día. Entre ellos los fondos de pensiones de los trabajadores de: Administración General del Estado, Grupo Caja Madrid, Telefónica, Bridgestone Firestone, Banco Santander y Seguros Bilbao.

Estos y otros fondos de empleo, mantienen una posición activa en el conjunto de empresas en las que invierten, votando habitualmente en sus juntas de accionistas.

“CCOO valora este nuevo avance en el desarrollo de políticas de inversión socialmente responsable en los fondos de pensiones del sistema de empleo y considera que a través del desarrollo de la ISR en los mercados financieros es posible reducir los riesgos que toda inversión conlleva y, a su vez, promover la implementación de políticas socialmente responsables en las empresas, contribuyendo así a su sostenibilidad económica a largo plazo y a la adecuada relación y diálogo de las empresas con los grupos afectados por su actuación: accionistas, trabajadores y otros grupos de interés presentes en la sociedad (consumidores, proveedores, administraciones públicas,…)”, expresó la entidad en un comunicado de prensa publicado hoy.