Prevé nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en los ya existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA. Por lo que respecta a las haciendas locales, se modifican las tasas de residuos, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Los participantes en la presentación de la PL han subrayado que con esta iniciativa se persigue gravar en mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente.

También se busca promocionar sistemas de transporte y usos del suelo “más sostenibles” con transporte público y vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables e inversiones ambientales.

Esta Proposición de Ley no tiene la intención de incrementar la recaudación, sino actuar sobre las vías por las que se obtiene, favoreciendo una economía más sostenible. Aumenta en algunos casos la recaudación fiscal (hidrocarburos, energía nuclear, vertido e incineración, bolsas de plástico, pernocta, cambio de uso del suelo, tasas de residuos...), pero la disminuye en otros casos (impuesto de sociedades, IAE, IRPF...). En otros aspectos, como el IVA o en los impuestos de matriculación y circulación, aumenta o disminuye la recaudación en función del tipo de productos objeto de gravamen.

Los ingresos que se deriven de esta propuesta no tendrían por lo general destino finalista, sino que irían a las arcas del Estado, de las comunidades autónomas o de los municipios. De forma excepcional, el impuesto sobre la energía nuclear se destinaría parcialmente a un Fondo estatal para la reactivación de las zonas donde se ubican las centrales nucleares y el impuesto sobre el cambio del uso del suelo iría al ya existente Fondo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Algunas de las modificaciones que se introducen en los impuestos actualmente existentes son:

En el impuesto sobre hidrocarburos se elimina la exención que hasta ahora tenía para los vuelos domésticos, se aumentan las tarifas del fuelóleo y se busca la convergencia de tipos entre el gasóleo y la gasolina.

En el impuesto sobre determinados medios de transporte (matriculación), se elimina la exención del impuesto de la que disfrutaban hasta ahora todas las embarcaciones de recreo y las aeronaves. En los vehículos y motocicletas se refuerza el vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2, aumentando el número de categorías existentes y tomando en consideración otras formas de contaminación por medio de las categorías euro.

En el Impuesto de sociedades, se introducen deducciones para inversiones de ahorro de energía y agua y en gastos para favorecer la movilidad sostenible de sus trabajadores.

En el IRPF, se introduce una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores.

En el IVA, se aplicaría el tipo normal en vez del reducido a servicios como la fumigación de plantaciones o el transporte aéreo y se aplicaría, sin embargo, el IVA reducido a las rehabilitaciones y viviendas protegidas.

Los nuevos impuestos (estatales) que se crearían son:

Un impuesto sobre la energía nuclear y el almacenamiento de residuos radiactivos, cuya recaudación se destinaría en parte a un fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales.

Un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las CC.AA. y del que se excepcionan las CC.AA. que ya lo tienen establecido.

Un impuesto sobre las bolsas de plástico de un sólo uso, similar al establecido por Irlanda.

Un impuesto sobre el cambio de uso del suelo, cuya finalidad es desincentivar la urbanización excesiva gravando las actuaciones de nueva urbanización y favoreciendo un urbanismo compacto. La recaudación se destinaría al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad creado por la ley 42/2007.

Un impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las clasificadas por la normativa como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, para favorecer el consumo de sustancias alternativas menos dañinas para la salud humana y laboral.

Por lo que respecta a las Haciendas locales se modificarían en el siguiente sentido:

Las tasas de residuos se definirían con criterios ambientales.

Los tipos del IBI se modularían en función del certificado energético del edificio y la segunda residencia tendría un recargo.

El impuesto de circulación se modularía también según las emisiones de CO2 y las categorías euro.

En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferenciaría entre las de suelo urbano consolidado o edificado y las unifamiliares y se bonificaría el aprovechamiento de aguas grises. Similar diferenciación se aplicaría en el impuesto de plusvalías.

Se define un impuesto sobre la pernocta, que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, que se podría aplicar voluntariamente por parte de los ayuntamientos.

En el IAE se eliminaría la bonificación que ahora tienen las empresas alejadas del casco urbano, que actualmente carece de sentido, y se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS.