El juez Bernado Beltán Calderón, subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, rechazó la acción interpuesta por la empresa Autotransportes Andesmar S.A. contra el Estado Nacional Argentino-Poder Ejecutivo Nacional, cuestionando la procedencia, alcance y modalidades de las obligaciones que impone a las empresas de transporte el Decreto 38/04, que determina la obligación de conceder  pasajes gratuitos a las personas discapacitadas y un acompañante, alegando presunta inconstitucionalidad.

En representación del Estado Nacional se solicitó el rechazo de la misma, negando especialmente que las normas impugnadas violen derechos constitucionales.En su fallo, el Juez señala que el derecho de gratuidad ha sido establecido por la Ley y no por la normativa que ahora se pretende impugnar, y por lo tanto la normativa no ha modificado el contrato ni la situación económica-financiera de las empresas, por lo que de ninguna manera genera nuevas cargas u obligaciones a las mismas.

En los considerandos, afirma que "el Decreto 38/04, dictado en uso de las atribuciones conferidas por el art. 99, inc.2º de la C.N. y la Resolución de la Secretaría de Transpores 31/04, han sido dictados como autoridad de aplicación a efectos de establecer normas que coadyuven al cumplimiento de la legislación mencionada, siendo integrante de la ley reglamentada, norma ésta que no ha sido cuestionada", no cabe hacer lugar a la acción entablada, imponiendo costas a la actora vencida y difiriendo la regulación de honorarios "suo tempore".

El Comité Ejecutivo del Consejo Federal de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, que se encuentra sesionado en la Ciudad de Buenos Aires, destacó el rol de la representante de Mendoza en el organismo para alcanzar este fallo, y la permanente actividad de Copine (Comisión para la Plena Participación e Integración de Personas con Necesidades Especiales), dependiente del gobierno porteño, en el contralor de la normativa vigente, consigna un el cable de Infourba.