Según el proyecto de ley, será la Secretaría de Cultura de la Nación la autoridad de aplicación. Para ser aprobado cada proyecto va a tener que pasar por una instancia de deliberación y evaluación que será realizada por un Consejo Mixto, el cual estará formado por representantes del Gobierno, la sociedad civil, generadores de cultura y empresarios. Debido a ello, los incentivos privados no podrán ser transferidos directamente de empresas a fundaciones u asociaciones, sino que deberán ser destinados a la financiación de proyectos y actividades artísticas apoyadas por el Consejo.
Por intermedio de este Consejo lo que se busca evitar es que sean las empresas las que determinen la política cultural y, por el otro lado, que se haga un manejo político del asunto. También se busca que la promoción privada garantice el desarrollo de las iniciativas regionales.