Las empresas avanzan en la RSE pero tienen dificultades para informar
El informe de conclusiones del Estudio Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 dice que “se ha producido una discreta evolución de signo positivo en la mayoría de las empresas y en los distintos apartados evaluados”. El 93% de las empresas evaluadas alcanzan una calificación satisfactoria o notable. Sin embargo, “en los ámbitos más críticos de las responsabilidades empresariales la información que las empresas someten al escrutinio público es todavía parcial e incompleta”. Fallas en creación de empleo, igualdad, género y gobierno corporativo.
El informe de conclusiones del Estudio Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 es publicado por sexto año consecutivo por el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas de la Unión General de Trabajadores, UGT.
La primera conclusión del Estudio 2011 es que se ha producido una discreta evolución de signo positivo en la mayoría de las empresas y en los distintos apartados evaluados. En cuanto a los resultados de la evaluación, la situación, en términos generales, apenas ha cambiado en relación al ejercicio anterior, aunque el signo de los pequeños cambios que se han producido es positivo.
Así, sólo dos empresas (ACS y Amadeus) han obtenido una calificación por debajo del nivel que se considera satisfactorio de acuerdo con los criterios metodológicos adoptados (ninguna en 2009); otras diecisiete se sitúan en el umbral considerado satisfactorio –de 41 a 60 puntos–, mientras que en ocho casos la calificación alcanza el notable (3 en 2009).
El dato de mayor relevancia es que el 93 por ciento de las empresas evaluadas alcanzan una calificación satisfactoria o notable (27 en 2010, 23 en 2009, 16 en 2008 y 12 en 2007) y sólo el 7 por ciento tienen una calificación insatisfactoria.
Sin embargo, como también ha sucedido en las ediciones anteriores del Estudio, más allá de los resultados generales de la evaluación, el dato de mayor significación sigue siendo que en los ámbitos más críticos de las responsabilidades empresariales la información que las empresas someten al escrutinio público es todavía parcial e incompleta y los resultados, en los casos en los que puede realizarse la evaluación, son mucho menos satisfactorios.
Es el caso de la creación de empleo, como un objetivo esencial que debería inspirar las políticas empresariales para contribuir al esfuerzo colectivo y a los objetivos de la estrategia europea y española de crecimiento y de empleo, las políticas relacionadas con el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación, la equidad en la participación económica o la inversión en capital humano.
En este sentido, resulta verdaderamente significativo que nueve de las veintisiete empresas que finalmente han sido evaluadas en las dos partes del Estudio –más del treinta por ciento– obtengan una calificación negativa en el indicador referido a los esfuerzos de creación de empleos de calidad.
Asimismo, en el indicador dos sobre la igualdad de oportunidades y no discriminación sólo obtienen una calificación satisfactoria cuatro empresas –Banco Popular, Bankinter, Gas Natural e Iberdrola– y son evaluadas negativamente el ochenta y cinco por ciento de las empresas analizadas.
Unos resultados que son también negativos en el indicador sobre la inversión en capital humano, en el que cinco empresas no pueden ser evaluadas al publicar informaciones incompletas, y en otros once casos la calificación se sitúa por debajo del umbral considerado satisfactorio. Es decir, cerca del sesenta por ciento de las empresas son suspendidas o no han podido ser evaluadas por insuficiencias en la información publicada.
Las prácticas de buen gobierno y la rendición de cuentas son también muy deficientes, en ámbitos esenciales que afectan a la voluntad de cambio de los modelos y enfoques de gestión para adaptarse a los requerimientos del desarrollo sostenible y la responsabilidad.
Así, el análisis de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo (IAGC) publicados en 2011 nos presenta una visión de las prácticas de buen gobierno en la que los intereses sociales más amplios que convergen en las empresas, más allá de los intereses de sus accionistas y de los primeros niveles ejecutivos, son considerados sólo de una manera marginal, mientras que en ámbitos como la igualdad entre hombres y mujeres o los que afectan a la transparencia de las retribuciones, la influencia de las recomendaciones del Código Unificado sigue siendo mínima. La presencia de mujeres en los consejos de administración de nuestras las compañías, por ejemplo, ha pasado del 10.2% en 2009 al 10.6% en 2010, y según el análisis realizado por la CNMV el 42.4% (40,6 en 2009) de las sociedades en las que la presencia de consejeras es escasa o nula no han adoptado las medidas que recomienda el Código Unificado para corregir tal situación.
“Los datos que afectan a la alta dirección de las compañías son aún peores. De las 49 mujeres que están presentes en los consejos de las 32 empresas incluidas en el Estudio solo en dos casos son consejeras ejecutivas –Bankinter y Santander-, mientras que el número de mujeres que forman parte de la alta dirección, sin incluir a los consejeros ejecutivos, es inferior al 6 por ciento, y en once de las empresas no existen mujeres con responsabilidades ejecutivas –Acerinox, BBVA, BME, Banco Popular, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Mapfre, OHL, Sacyr Vallehermoso y Telefónica”, analizan Tomás G. Perdiguero y Andrés García-Reche en el informe.