Las "blacklist" de empresas orientan las decisiones de inversión

11.07.2013 | Gestión

Este es la principal conclusión del estudio "Compañías controversiales: ¿las listas negras de los inversores marcan la diferencia?" de Novethic. El estudio analiza la influencia que pueden ejercer los inversores responsables al negarse a invertir en empresas multinacionales que participan en violaciones a los derechos humanos. El documento indaga sobre las "blacklist" que involucra a seis multinacionales-Walmart, Yahoo!, Chevron, PetroChina, Vedanta y Shell- excluidas por incumplir con el respeto a los derechos laborales y la libertad de expresión y/o por complicidad en los abusos cometidos contra los derechos humanos.


El documento sobre las "blacklist" analiza el ejercicio de 19 inversores del norte de Europa que gestionan más de € 1.5 billones de euros. El estudio revela que algunos inversores están dispuestos a negarse a ser accionistas de sociedades involucradas con riesgos sociales excesivos.

El estudio indaga sobre una práctica popular en el mundo de los inversores: la "exclusión basada en normas".  Esta consiste en negarse a invertir en las empresas acusadas de violar reiteradamente los principales convenios internacionales. Según Eurosif, esta práctica de inversión responsable, que involucra un volumen cada vez mayor de activos, aumentó en un 54% en Europa entre 2009 y 2011 a más de 2.340 millones de euros. Esta práctica de exclusión se originó en los países del Norte de Europa  y fue personificada en la política llevada a cabo por Noruega. Combinada con el activismo accionarial se ha convertido en la práctica predominante de los principales fondos de pensiones holandeses.

Pero el foco principal del estudio de Novethic es el examen de las "blacklist" elaboradas por una decena de fondos con 300 mil millones de euros bajo gestión. En Francia, las "blacklist" se aplicaron a € 1.3 billones de euros a finales de 2012 en comparación a los € 136 mil millones en 2010, un incremento cerca de diez veces. Básicamente, la práctica de "exclusión basada en normas" es una de las estrategias de inversión responsable adoptadas por un puñado inversores que quieren evitar ser involucrados en grandes controversias pero sin publicar una lista negra o estar asociado a una política de compromiso.

El documento indaga sobre las "blacklist" de empresas excluidas por incumplir con el respeto a los derechos laborales y la libertad de expresión y/o por complicidad en los abusos cometidos contra los derechos humanos.

Las infracciones se han dividido en tres categorías: violaciones de los derechos laborales, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y actividades llevadas a cabo en regiones con regímenes represivos.

Dado que los inversionistas no comparten las mismas definiciones de lo que involucra una "controversia" al seleccionar empresas para ser excluidas, Novethic realizó un análisis detallado de seis multinacionales que se presentan en diversas "blacklist" de inversionsitas. Estas son:

Walmart : por las condiciones laborales precarias de sus proveedores  en países en desarrollo.

Yahoo! : por violaciones a la libertad de expresión en China.

Chevron: por la multa aplicada por contaminar el Amazonas en Ecuador.

PetroChina:  acusado de ser cómplice de abusos perpetrados por los birmanos y los regímenes de Sudán. 

Vedanta: por no respetar los derechos de los pueblos indígenas.

Shell: por la situación en el Delta de Nigeria.

El estudio muestra que, aunque la práctica de "exclusión basada en normas" por sí sola no alcanza para cambiar las cosas, impulsa a los inversores a cuestionar los modelos de negocio que involucran violaciones a los derechos humanos y a tomar mejores decisiones de inversión. La percepción del inversor es que a la larga resulta demasiado costoso invertir en estas empresas controvertidas. Para proteger su reputación y realizar inversiones responsables, los accionistas están diciendo "no" a estas empresas.

En consecuencia, la cuestión clave para los inversores responsables es desarrollar modelos que les permitan identificar las controversias emergentes y por lo tanto evitar posteriormente ser acusado de complicidad.

El informe resalta que los inversores tendrían un incentivo aún mayor si se fortaleciera la presión social y pública contra estos negocios.