El código laboral chileno, legado vigente de la dictadura de Pinochet, fue cuestionado ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La legislación laboral fue establecida por José Piñera, ministro del trabajo de Pinochet, en 1978 para reducir el papel de los sindicatos y evitar la organización de los trabajadores. A pesar de la transición democrática, sucesivos gobiernos han dejado la legislación prácticamente intacta.

La petición es presentada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).

La última vez que la CIDH se ha pronunciado sobre el tema de libertad sindical en Chile fue en 1985 cuando el organismo regional ya había apuntado que la legislación laboral no se ajustaba a los principios del derecho internacional.

“Chile tiene una libertad sindical excesivamente regulada, con prohibiciones, excepciones y restricciones”, comenta Maria Eugenia Alfaro, encargada de derechos humanos de la CUT. “Esto quiere decir que la organización sindical está limitada al nivel de la empresa, es sólo sobre ciertas materias, se realiza en una única oportunidad y para ciertas personas”. 

La legislación también prohíbe la negociación colectiva de trabajadores por obra, transitorios o de temporada, aprendices, subcontratistas, entre otros.

El resultado de estas limitaciones fue el aumento de la injusticia social, según los sindicalistas. Chile registra una elevada desigualdad de ingresos entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Ningún argumento que pueda entregar el gobierno tendrá relevancia, mientras no responda lo evidente, por qué no se han cambiado durante 28 años estas leyes de la dictadura”, pregunta Alfaro.

La delegación sindical ha solicitado a la CIDH que el organismo internacional realice una visita al país suramericano para que pueda oír el testimonio de trabajadores y representantes sindicales.

“Esta acción representa un incentivo adicional a que el próximo gobierno del país se comprometa en la reforma del código laboral y dar vuelta a la página de un período oscuro del pasado”, comentó el secretario de Políticas Sociales de la CSA, Laerte Teixeira da Costa.