“No hay que pretender que las buenas prácticas sean sustitutas de la ley”
El Secretario General de UGT de España, Cándido Méndez, ha manifestado que “el futuro de nuestro país pasa por un nuevo modelo de empresa, donde un elemento de gestión fundamental debe ser la Responsabilidad Social”. Una empresa donde haya calidad en el empleo y sea capaz de competir con valor añadido, innovación tecnológica y respetando los derechos sociales y laborales. Una empresa que debe aumentar su tamaño y que debe ser responsable socialmente.
Méndez ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la Jornada del Observatorio de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) de UGT que ha presentado un avance de resultados de los Estudios 2014: “Cultura, políticas y prácticas de Responsabilidad de las Empresas del Ibex 35”; “Informe sobre la Participación Sindical en las empresas del Ibex 35” e “Informe sobre iniciativas de RSE en el ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa”.
Méndez ha resaltado que la aprobación de la Estrategia española de RSE, las directivas europeas sobre esta materia, el hecho de que exista una ley de economía sostenible, junto con los balances anuales que realiza UGT han permitido, en una situación muy complicada, mantener “la llama encendida” de definir la RSE, como algo fundamental, como una herramienta de gestión de la empresa.
Asimismo, ha advertido que la recesión económica ha vuelto a plantear una confusión, no superada totalmente, la de confundir el cumplimiento de la ley con la RSE. En este sentido, ha señalado que “no hay que pretender que las buenas prácticas sean sustitutas de la ley”.
Méndez ha señalado que ya no es el “accionista o el directivo de la empresa, sino el que presta el capital el que impone las reglas del juego” y cuando se “exige una rentabilidad cada vez más alta y en el menor tiempo posible, inmediatamente, se ponen en tela de juicio los empleos, los salarios, la inversión productiva, la renovación tecnológica y la responsabilidad social”. Éste elemento nos lleva a una conclusión: la necesidad de que haya una regulación para evitar la “vampirización” de la actividad productiva, de los empleos y de los derechos presentes y futuros.