“Este es un avance importante en la lucha contra el trabajo forzoso”, declaró el Director General de la OIT, Guy Ryder. “La ratificación del Reino Unido es una señal clara de que se está fortaleciendo el impulso mundial en la lucha contra estas prácticas que humillan y esclavizan a millones de personas en todo el mundo”.

La investigación de la OIT  muestra que las ganancias producidas por la industria del trabajo forzoso son más altas en las economías desarrolladas y en la Unión Europea. La Organización estima  que en el mundo, 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, generando alrededor de 150.000 millones de dólares anuales de ganancias ilícitas. Estas prácticas asumen diversas formas, desde el trabajo doméstico a la agricultura, la pesca y la construcción. Las mujeres y las niñas, en particular, están sujetas a la explotación sexual comercial.

La Ministra británica para la prevención del abuso y la explotación, Karen Bradley, declaró: “Lamentablemente, el trabajo forzoso puede ocurrir en cualquier industria, pero el Gobierno del RU no permanecerá pasivo mientras criminales se aprovechan de este comercio del sufrimiento humano”.

“Es por este motivo que nos comprometemos a trabajar conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo y con otros países para garantizar la protección más adecuada a las víctimas y que los culpables sean llevados ante la justicia”.

La Autoridad de Autorización de Intermediarios, el organismo público creado por el Gobierno del Reino Unido para combatir el trabajo forzoso, es un socio de la campaña 50 for Freedom  contra la esclavitud moderna. La campaña, dirigida por la OIT, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), fue lanzada en octubre 2015 en Londres.

El Reino Unido tiene un sólido historial en la lucha contra el trabajo forzoso. Fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) en 1931, y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). En marzo 2015, fue adoptada la Ley para combatir la esclavitud moderna, como un paso decisivo hacia el fortalecimiento del marco jurídico para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso.

El Protocolo y la Recomendación , adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo 2014, añadieron nuevas medidas al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930. Estos instrumentos exigen que los Estados miembros emprendan acciones para prevenir el trabajo forzoso, así como a ofrecer protección y acceso a indemnizaciones efectivas para las víctimas. Impone además la debida diligencia a los sectores público y privado para prevenir y responder a los riesgos del trabajo forzoso.