La Unión Europea aprueba Ley sobre Minerales en Conflicto
Los legisladores de la Unión Europea concluyeron sus negociaciones en torno a la nueva ley de “minerales en conflicto” que regulará los minerales que entran en la UE no financian conflictos o violaciones de derechos humanos. Por primera vez, ciertas empresas de la Unión deberán asumir legalmente la responsabilidad de sus cadenas de suministro de minerales.
El primer paso de esta Ley se dio en junio de 2016 cuando se alcanzó un “entendimiento político” que fijó el perfil político general del reglamento. Después hubo debates técnicos para desarrollar el texto definitivo. Este proceso a tres bandas ha concluido con el acuerdo de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo sobre un texto final que se votará ahora en el Consejo y en el Parlamento.
El reglamento se aplica a las empresas cuyas importaciones a la UE de minerales o metales de estaño, tantalio, tungsteno y oro sean superiores a determinados umbrales anuales. La ley exigirá a las empresas que actúen con la “diligencia debida” respecto de sus cadenas de suministro, respetando en general los requisitos de la Guía sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A diferencia del reglamento de la UE, esta guía de la OCDE se aplica a todos los recursos minerales y a la totalidad de la cadena de suministro, incluidas las empresas que compran productos que contienen estos minerales o comercian con ellos.
Amnistía Internacional y Global Witness cuestionan ciertas “concesiones” y “lagunas de última hora” que podrían debilitar el impacto del reglamento, pues eximen de su cumplimiento a un gran número de empresas.
“Este reglamento es un bienvenido paso adelante”, afirmó Michael Gibb, de Global Witness. “Pero al mismo tiempo que la UE ha enviado una señal enérgica a un pequeño número de empresas, en última instancia ha confiado en que otras muchas seguirán autorregulándose. Ahora estas empresas tienen que demostrar que harán honor a esta confianza y la merecen, y esperamos que nuestros legisladores actúen en consecuencia en caso contrario.”
Las organizaciones sociales cuestionan que la Ley aprobada afectará solamente una pequeña parte de la cadena de suministro. Contrariamente a la propuesta del Parlamento Europeo de mayo de 2015, más ambiciosa, el reglamento sólo se aplicará a las empresas que importen minerales en bruto, en forma de menas y metales. Las empresas que introduzcan esos mismos minerales en la UE dentro de partes o productos acabados no tendrán que rendir cuentas. En las negociaciones, los Estados miembros de la UE consiguieron también incluir a última hora una serie de umbrales para la importación que reducirá aún más el número de empresas que deben cumplir el reglamento.
“Estos umbrales de volúmenes, que eximen a las empresas de cumplir la legislación, son lagunas peligrosas”, declaró Nele Meyer, de Amnistía Internacional. “Podrían permitir la entrada en la UE de minerales por valor de millones de euros sin someterlos a ningún control, y a menudo son precisamente esos minerales los que más probabilidades tienen de estar vinculados a conflictos. Esta nueva ley sólo puede ser el primer paso adelante. Harán falta medidas adicionales para garantizar que todas las empresas deben comprobar y comprueban debidamente sus cadenas de suministro.”
Incluso se critica que se han ofrecido atajos a las empresas que deben cumplir el reglamento. "La Comisión Europea ha accedido a reconocer a organismos privados de la industria a los que las empresas recurren cada vez más para externalizar sus obligaciones para que controlen sus cadenas de suministro. Además, se alentará a las empresas a que recurran a una lista de fundiciones y refinerías “responsables”, a pesar de que se están implantando pocos mecanismos para evaluar realmente el comportamiento de todas las fundiciones y refinerías de la lista", afirma Meyer.
El reglamento no entrará en vigor de inmediato, pues los legisladores han decidido introducir un largo periodo de introducción transitorio.
“Hablar de un periodo de introducción es una trampa. El reglamento refleja las responsabilidades que tienen las empresas desde hace ya muchos años, y éstas tienen todas las herramientas y la información que necesitan para cumplirlo. Ya se ha malgastado bastante tiempo buscando formas de ayudar a las empresas a eludir sus responsabilidades. Lo más importante ahora es asegurarse de que las asumen lo antes posible”, dijo Michael Reckordt, de PowerShift.
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