A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha enviado al Congreso el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE).

En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones. Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.

De acuerdo con el texto, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

Organizaciones como Amigos de la Tierra recibieron "muy positivamente" esta nueva normativa, en la cual se han recogido parte de las propuestas realizadas por las organizaciones ecologistas, entre las cuales destaca el punto final a la explotación de hidrocarburos y al fracking (fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y explotación. Greenpeace, por su parte,  considera la aprobación como un paso importante y necesario en el momento adecuado y espera que los grupos parlamentarios contribuyan a reforzarla y hacerla más ambiciosa. 

Ante la emergencia climática, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. Este objetivo supone un aumento de la ambición española en materia de clima, en un año clave para la agenda climática y el Acuerdo de París. Con ello, España se alinea con el aumento de ambición que se ha marcado la Unión Europea (UE) para ese año y responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. 

El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050.  

Para la sociedad civil, sin embargo, es necesario reclamar mayor ambición en los objetivos de reducción de emisiones. La Ley sigue contemplando la neutralidad para el año 2050, cuando desde las organizaciones ecologistas consideran indispensable de que se lleve a cabo en 2040, tal y como aconseja la comunidad científica. De igual forma, el aumento de ambición de reducción de emisiones del 23% para el año 2030 respecto a la referencia del año 1990, sigue siendo insuficiente y no sigue las recomendaciones de la ciencia que afirma que esta década es decisiva para no superar el aumento de 1,5ºC la temperatura global y evitar así los peores impactos del cambio climático.

El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha. 

“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. 

Establece que se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa,  en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para  2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el  desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras. 

Desde WWF España valoraron positivamente que la Ley vaya a tramitación parlamentaria, ya que debe ser un eje principal sobre el que gire la recuperación económica."Tenemos la oportunidad de utilizar los paquetes de recuperación para acelerar la descarbonización de la economía, creando empleo y justicia social, y así evitar afrontar nuevas crisis, como la climática, que sigue estando allí", expresó la organización en un tweet. 

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

“El texto es muy bueno en el diagnóstico, pero falla en los objetivos. Mientras reconoce que la región mediterránea es una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático y que España se enfrenta a importantes riesgos derivados de este, paradójicamente no asume los objetivos necesarios para evitarlos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace: “Justo esta semana se espera alcanzar temperaturas anómalas para esta época del año en varias partes de la península. Si no actuamos con urgencia viviremos graves consecuencias por la crisis climática. La recuperación socioeconómica por las crisis de la COVID19 debe afrontarse con soluciones que pongan freno al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad”.

Objetivos para la neutralidad climática:

Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. 

- Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.

- Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.

- Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
 
- Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%. 

Acceda al texto completo del proyecto de ley