América Latina
Para 2050 el costo de la crisis climática llegará al 5% del PBI
Foto: Sebastião Moreira/EFE.
La CEPAL publicó un monumental libro sobre los impactos de la crisis climática en América Latina que recopila una década de estudios dentro del organismo. En este informe presentamos una síntesis de sus aspectos más destacados en agricultura, salud, transporte, energía y financiamiento verde.
El título de la publicación es por demás elocuente: “La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?"
El libro afirma que las actuales crisis sanitaria y climática son parte de un modelo de desarrollo insostenible, asociado a una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio, que ya antes de la crisis mostraba un sesgo recesivo y el desacople del sistema financiero. Es un modelo vinculado a una elevada desigualdad con el predominio de las élites, es decir, de la cultura del privilegio, y basado en grandes externalidades negativas como las emisiones asociadas al cambio climático, que rebasa umbrales ambientales globales y con vulnerabilidades sistémicas que han sido evidenciadas por el COVID-19.
Fue preparado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Jose Luis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión, Wilson Peres y José Eduardo Alatorre.
- Algunos números clave
- En términos absolutos, en 2016, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzaron las 50 Gt de CO2 eq10 y América Latina y el Caribe emitió 4,2 Gt de CO2 eq ese año, lo que significa que la región generó el 8,3% de las emisiones mundiales, de acuerdo con los datos del IPCC.
- En la región, se observa que el promedio de temperatura del período 2000-2016 es 0,7 °C superior al promedio del período 1901-1905 y que los fenómenos climáticos extremos, como las sequías y las inundaciones, son más frecuentes.
- Se estima que, hacia 2050, el costo económico del cambio climático en la región representará entre el 1,5% y el 5% del producto interno bruto (PIB) regional actual, por la suma de las pérdidas agrícolas y de generación hidroeléctrica, los vectores transmisores de enfermedades y los fenómenos extremos, entre otros factores destructivos.
- Los datos revelados indican que el gasto estatal en protección ambiental aún es bajo en la región. Por ejemplo, en Colombia se estimó que el gasto en protección ambiental representó un 0,6% del PIB en 2015, gasto en que estaba incluido el gobierno general y parte del sector privado. En México se publicó un gasto en protección ambiental del 0,8% del PIB en el mismo año, y en él se consideraban el gobierno general y los hogares. Según Eurostat, el gasto en protección ambiental de los 28 países de la Unión Europea fue del 0,67% del PIB en 2013.
- Entre 1990 y 2017 murieron 84.000 personas a causa de fenómenos climáticos extremos, y más de 163 millones fueron directamente afectadas por ellos en América Latina.
- El reto de la adaptación
La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas.
Es indudable que muchos de los países de América Latina y el Caribe, particularmente los centroamericanos y caribeños, son muy vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que la adaptación está entre sus principales prioridades de desarrollo. Sin embargo, los autores advierten sobre el riesgo de generar mayores desigualdades al diseñar políticas de adaptación. Estas políticas requieren identificar prioridades, y esto puede significar, frente a un escenario de recursos limitados, poner en primer lugar la adaptación de las personas o bien la de los sectores, dependiendo de su inserción y papel en la economía y la política.
La adaptación en nuestra región complementa la posibilidad de mejorar la calidad de vida en el medio rural, con un alcance tan masivo como el que podría tener la mitigación basada en un mejor desarrollo urbano. La adaptación es inseparable de la mitigación y también se beneficia, sin excepciones, de la restauración de los ecosistemas, la recuperación de los suelos, la recuperación de la cobertura vegetal general, costera y riparia, y el impacto positivo sobre la biodiversidad.
Existen estimaciones preliminares, aunque con alto grado de incertidumbre, sobre los costos de la adaptación al cambio climático en la región. En 2010, el Banco Mundial estimó que esos costos anuales serían de entre 16.800 y 21.500 millones de dólares entre 2010 y 2050. Es decir que el costo de la adaptación sería inferior al 0,5% del PIB regional de fines de la primera década de este siglo.
- Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN)
En América Latina y el Caribe, tanto por su ubicación geográfica dentro de la zona planetaria de mayor productividad natural (entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio) como por su población rural con alta dependencia de la integridad de la naturaleza y con alta participación de pueblos indígenas, las soluciones basadas en la naturaleza deberían ser una prioridad.
Los Estados de América Latina reconocen su rol estratégico en las soluciones basadas en la naturaleza, dado que albergan varios de los sistemas costeros, montañosos, forestales e hídricos más importantes del mundo. Dado que en América Latina y el Caribe las emisiones provenientes de la agricultura, la ganadería, el cambio de uso de suelo y la silvicultura son considerables (aproximadamente 1,8 Gt de CO2 equivalente) y corresponden al 42% de sus emisiones, las SBN representan una oportunidad de mitigación relevante.
A 2019, menos del 1% del financiamiento climático global se enfoca en protección costera, infraestructura y SBN.
- La movilidad en las ciudades
En 1950, solo el 41% de la población de América Latina y el Caribe habitaba en la zona urbana pero, en la actualidad, lo hace el 80%.
En este libro compilado por Alicia Bárcena se analiza la estrecha dependencia que hay entre la creciente contaminación de las ciudades y el patrón de consumo de movilidad basado en vehículos con motores que utilizan combustibles fósiles.
En la región se produce solo el 8,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo —porcentaje similar al peso que tiene en la población y la economía mundiales—, pero se sufren de forma desproporcionada los costos humanos y materiales del cambio climático.
La movilidad urbana es cada vez más ineficiente en las ciudades de la región, que se encuentra en un círculo vicioso de ineficiencias económicas, pues la proliferación de automóviles y de los combustibles que los hacen funcionar aumenta la restricción externa y constituye una mala solución colectiva para la movilidad. Dicha solución conduce a pérdidas de productividad en salud debido a las emisiones y al ruido, a pérdidas económicas debidas a la congestión del tráfico, a la degradación de los espacios urbanos, a una baja capacidad de transporte de pasajeros por vehículo y a altas emisiones de gases de efecto invernadero.
Los contaminantes locales asociados se traducen en enfermedades respiratorias, asma y bronquitis, cuyos efectos más pronunciados se observan en la población infantil y en los mayores de 65 años.
Entre las recomendaciones del libro, está que las ciudades se programara la demanda de vehículos eléctricos de forma tal que se diera una señal que tuviera la fuerza y la escala suficiente como para obtener una respuesta de la industria automotriz regional. En ausencia de esta programación y coordinación, los vehículos serán provistos por empresas chinas, sobre todo los autobuses eléctricos, pero también las bicicletas y los patines que se incorporaron hace poco al menú de la movilidad, y posiblemente otros vehículos, como los drones en un futuro no muy lejanos.
El 97% de la demanda final del sector transporte está dirigida a los derivados del petróleo. Mejorar la movilidad pública de forma radical y electrificarla a fin de desarmar el círculo vicioso puede ser un motor importante para el desarrollo sostenible y un gran impulso al desarrollo productivo en la región.
- El impacto en el agro
El sector agropecuario de América Latina y el Caribe representaba alrededor del 5% del PIB en 2017 , concentraba el 14% de la población ocupada y originaba alrededor del 29% de las exportaciones regionales. Además, alrededor del 20% de la población vive en las zonas rurales.
Se señala la importancia de la participación de la sociedad como parte del herramental de políticas públicas destinadas al cambio climático, participación que consta de tres dimensiones: acceso a la información ambiental y climática, intervención en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental. Este tema, vinculado a la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso, es el complemento necesario de la política climática promovida desde las instancias de gobierno, como respuesta de la sociedad a la amenaza creciente que el calentamiento global supone para el bienestar y la calidad de vida de amplios sectores de la población.
La restauración ecológica de los ecosistemas degradados mejora un 44% la provisión de biodiversidad y un 25% los servicios ambientales, aumenta el potencial del secuestro de carbono, promueve la organización comunitaria, las actividades económicas y el sustento en las áreas rurales, y al mismo tiempo ayuda a adaptar y mitigar el cambio climático.
- El aporte de las renovables al desarrollo.
Una de las contribuciones económicas que hacen las energías renovables es el hecho de que el costo de generación es menor que el de las energías basadas en combustibles fósiles. Sin embargo, en América Latina y el Caribe hay una situación crecientemente desfavorable en materia de la balanza comercial de hidrocarburos, que reproduce la dinámica de otros recursos naturales: se exportan crudos y se importan productos semielaborados y refinados de los combustibles fósiles. A esto se suma el gradual agotamiento de las reservas y la reducción de la producción primaria. El superávit comercial de hidrocarburos está desapareciendo lentamente. La transición hacia las fuentes renovables relaja al mismo tiempo la restricción externa y la restricción ambiental implícita en el cumplimiento de los compromisos nacionales.
En América Latina y el Caribe, la transición energética tiene el potencial de crear una cantidad significativa de nuevos empleos “verdes” que podría representar un aumento de hasta el 66% en el período 2020-2030.
La participación de las fuentes renovables en la matriz energética apenas aumentó del 24% al 25% entre 2000 y 2017 y algunos países de la región se están carbonizando en lugar de descarbonizarse. Los subsidios al consumo de energías fósiles son importantes y en algunos casos superiores al gasto en salud.
- Un enfoque de seguridad humana: las migraciones climáticas
El número de personas que pueden tener que migrar para 2050 debido al cambio climático y la degradación del medio ambiente varían entre 50 millones y 350 millones.
En la zona de México y Centroamérica se plantean tres escenarios donde el rango varía desde 200.000 hasta 3,9 millones de migrantes en 2050, con promedios de entre 1,4 millones y 2,1 millones.
En el escenario más pesimista (3,9 millones para 2050), los migrantes climáticos representan aproximadamente el 1% de la población para 2050.
La CEPAL considera que hay una relación entre la migración desde Centroamérica, particularmente desde el corredor seco del norte, desde Guatemala hasta Honduras, y la desecación a largo plazo de esa zona, agravada por el cambio climático en curso. Este fenómeno ha tomado un giro político a raíz del enfrentamiento del Presidente de los Estados Unidos con el Gobierno de México en relación con el cierre de la frontera estadounidense y las acciones diplomáticas y comerciales de 2019 encaminadas a frenar la migración mediante la presión sobre los países involucrados.
La CEPAL, junto con los Gobiernos de esos cuatro países, está impulsando un programa de desarrollo que permita la dinamización económica y la adaptación eficiente al cambio climático con un enfoque de seguridad humana.
- El financiamiento verde
La CEPAL monitorea el comportamiento del flujo del financiamiento climático desde 2013 y, según sus informes, este alcanzó un promedio anual de 20.500 millones de dólares entre 2013 y 2017. Al contrario de la tendencia mundial, el flujo de estos recursos ha sido creciente en la región.
Según los datos de las diferentes instituciones e instrumentos financieros respecto de los cuales es posible discriminar la información que corresponde a América Latina y el Caribe, los recursos con fines climáticos que se aprobaron en 2017 sumaron 22.300 millones de dólares, 40% más que en 2016; es el mayor monto anual movilizado en el período sobre el que la CEPAL ha informado.
La cuantificación de los fondos necesarios para hacer la transición hacia la descarbonización acordada es un tema pendiente en América Latina y el Caribe, y solo en unos pocos países, como Colombia y Chile, se cuenta con estrategias financieras.
En 2017, el foco de los proyectos de mitigación fue la generación de energía a partir de fuentes renovables, así como el transporte y la eficiencia energética (64% del total). Hubo un crecimiento muy significativo de las inversiones en energías renovables, que pasaron de representar el 27% del total en 2016 a representar el 45% en 2017
En la región hay diez países en cuyos compromisos asumidos ante la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se incluyó información sobre las inversiones que se necesitan para cumplir con las CDN28. Dichas inversiones suman 51.000 millones de dólares, según estadística del Banco Mundial.
En el caso del Brasil, el costo de implementar su CDN alcanzaría el 1% del PIB anual del país y, hasta 2030, entre 240.000 y 260.000 millones de dólares (BID, 2017).
En los bancos comerciales de América Latina y el Caribe ha habido avances. Varias instituciones han establecido líneas de financiamiento destinadas a la protección ambiental y al combate del cambio climático. Sin embargo, todavía son pocas las que destinan recursos propios a estos fines y que publican esta información. En la mayoría de los casos, estas líneas de financiamiento son représtamos de recursos de la banca multilateral o de los bancos nacionales de desarrollo.
La banca de desarrollo ha tomado decisiones de política, como no financiar ciertos tipos de proyecto y, en términos más generales, favorecer proyectos que se considera que tienen emisiones más bajas de carbono. A modo de ejemplo, en 2017, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del Brasil decidió dejar de financiar grandes centrales hidroeléctricas.
- El auge de los bonos verdes llega a América Latina
La tendencia mundial de los bonos verdes se ha replicado en América Latina y el Caribe donde, además, la evolución ha sido muy acelerada. En 2013, en la región no se había emitido ningún bono de este tipo.
1) En 2014 se emitieron los primeros dos en el Perú: uno lo emitió la Corporación Financiera Internacional (CFI), por un monto en soles que equivalía a 42 millones de dólares y el segundo lo emitió el productor peruano de energía eólica Energía Eólica S. A., por un monto de 204 millones de dólares.
2) En 2015 se emitieron otros dos bonos, uno en México y otro en el Brasil. El de México ascendió a 500 millones de dólares y el del Brasil se emitió en euros y alcanzó un importe equivalente a 563 millones de dólares.
3) En 2016 se emitieron diez bonos que juntos sumaron unos 3.600 millones de dólares monto tres veces mayor que el de 2015.
4) En 2017, los bonos verdes ocuparon el tercer puesto como fuente de financiamiento climático y el monto de las colocaciones pasó de 1.700 a 4.100 millones de dólares respecto del año anterior.
Estos bonos representan el 22% del total de recursos movilizados para el cambio climático en la región. Hubo un evidente dominio del sector privado, donde se concentró el 57% de los bonos verdes emitidos en América Latina y el Caribe.
Uno de los aspectos negativos que señala el organismo multilateral es que estos bonos pueden utilizarse como vehículos para el lavado de imagen verde debido a que no es seguro que efectivamente se destinen a fines ambientales y a que la información que publican los emisores y compradores no es del todo transparente. Por otro lado, la información de los emisores no permite trazar el origen de los recursos, por lo que existiría el riesgo de que se utilizaran recursos de fuentes ilícitas.
Para paliar en parte esta situación, se creó la Climate Bonds Initiative, una entidad sin fines de lucro registrada en Inglaterra y Gales que, desde su creación en 2009, hace el seguimiento de los bonos verdes y lo publica en su página web.
- Impuestos al carbono
El impuesto sobre los combustibles es el principal tributo relacionado con el medio ambiente en los países de la región. En general, este tipo de tributo genera la mayor parte del total de la recaudación que se obtiene por impuestos relacionados con el medio ambiente. Además, en varios países se han adoptado medidas de contención del uso del transporte urbano privado, lo que constituye también una medida de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo en cinco países se ha implementado un impuesto explícito al CO2, por motivos que difieren entre un país y otro. Esos países son la Argentina, Canadá, Chile, Colombia y México. Los países de América Latina en que se han implementado impuestos a los combustibles sobre la base del contenido de carbono son la Argentina, Colombia y México.
Existen muchas estimaciones, pero de acuerdo con el Reporte de la Comisión de Alto Nivel para el Precio del Carbono, liderado por los economistas Joseph Stiglitz y Nicolas Stern, un precio que sería compatible con el logro de los objetivos del Acuerdo de París variaría entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 en 2020, y entre 50 y 100 dólares en 2030 (Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, 2017).
El método del costo marginal de reducir emisiones es el que se utilizó en Chile, único país de América Latina y el Caribe donde se ha implementado un precio social del carbono en el sistema nacional de inversión pública. Entre los aspectos positivos de este método destaca que refleja el costo adicional (o marginal) de reducir una tonelada de carbono. El precio social indica lo que el gobierno estima que el país está dispuesto a pagar por restringir la cantidad de carbono que se puede emitir a la atmósfera, esto es, por no emitir una tonelada adicional.
“Necesitamos un nuevo estilo de desarrollo alineado con la Agenda 2030, creemos que es urgente un estado de bienestar en una nueva ecuación con el mercado y la sociedad. Se requieren estrategias sostenidas en el tiempo. Esta es una tarea política para viabilizar la propuesta técnica y darle lugar a la ciencia. Finalmente, necesitamos instituciones y coaliciones que formulen e implementen las políticas, requerimos pactos a nivel global, regional, nacional y local. El horizonte es la igualdad, el cambio estructural progresivo es el camino y la política, el instrumento”, concluyó Alicia Bárcenas durante la presentación del libro.
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