Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia de la pandemia, un retroceso de 15 años. Un total de 140 millones de personas, alrededor del 55 % de la población activa, se encuentran en la economía informal. Este fenómeno afecta especialmente a las mujeres, que además tienen que cargar con la responsabilidad de los cuidados -asumen el 77% del mismo-. 

Según la OIT, es también la región en la que más empleo se va a destruir. Será, por tanto, una de las regiones del mundo más afectadas por la crisis económica. 

“El virus se ha expandido por América Latina por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente la riqueza y el capital. La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde", señala José María Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional. 

Los gobiernos de América Latina no están aplicando medidas fiscales que graven de forma decidida tanto la riqueza individual como los beneficios de grandes corporaciones, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad. Oxfam estima que América Latina perderá 113 .400 millones de dólares en ingresos fiscales este año debido a la COVID-19, cantidad que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región.  Si se aplicara un impuesto extraordinario a las grandes fortunas , con carácter progresivo, entre el 2 % y el 3,5 % en cada país, sobre los patrimonios por encima de US$ 1 millón, se podría recaudar hasta US$ 14 260 millones, cincuenta veces más.

Mientras miles de pequeñas y medianas empresas están viéndose abocadas al cierre definitivo, los beneficios de grandes corporaciones como Microsoft, Visa o la farmacéutica Pfizer han crecido entre un 30% y un 50% desde principios de año. Todo un récord, compartido con un puñado de grandes empresas que están viendo como sus resultados se han disparado simplemente como efecto de la pandemia, resultados tan extraordinarios como inesperados, puramente atribuibles al efecto de los confinamientos.

La crisis no puede convertirse en la oportunidad de un grupo de empresas para obtener utilidades extraordinarias. Esta situación absolutamente inusual justifica la creación de un impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones mientras dure la pandemia.

- Un nuevo milmillonario cada dos semanas desde marzo

La paradoja es que esta crisis no afecta a todos por igual. Desde el principio de los confinamientos, han aparecido 8 nuevos mil millonarios en la región, es decir 1 nuevo mil millonarios cada dos semanas, 1 mientras se estima que hasta cincuenta y dos millones de personas se convertirán en pobres y cuarenta millones perderán sus empleos este año. La riqueza de esta élite de supermillonarios de la región ha crecido un 17 % desde mediados de marzo: US$ 48 200 millones, que equivalen al 38 % del total de los paquetes de estímulo que el conjunto de Gobiernos ha activado y a nueve veces la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) con préstamos de urgencia en la región hasta el momento.

La fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, incluso ahora, cuando la región es una de las más afectadas del mundo, según la organización.

La región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas desde marzo, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas y para poder poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde del colapso.  

El desplome de los mercados financieros a principios de marzo supuso un golpe que contagió a los activos de la élite latinoamericana. Los mil millonarios de la región han ido recuperando el valor de sus activos generando 413 millones de dólares diarios, según la organización. Mientras millones de personas tienen que subsistir con bonos de emergencia, que no superan ni los 100 dólares al mes. Para hacer frente a esta profunda crisis, Oxfam Intermón advierte que esta vez no pueden pagar los de siempre y señala que son necesarias medidas fiscales urgentes, extraordinarias y estructurales, al tiempo que se corrigen las deficiencias del pasado. Entre ellas, la organización propone aplicar un impuesto al patrimonio neto entre el 2% y el 3,5% con un millón de dólares exento. Con ello, los Gobiernos latinoamericanos podrían recaudar al menos 14.260 millones de dólares, 50 veces más de lo que ahora podrían estar aportando a las arcas públicas estos milmillonarios. 

En la actualidad, tan solo tres países de la región cuentan con algún impuesto al patrimonio: Argentina, Colombia y Uruguay.  

"Mientras que una gran parte de la población está viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios crece día a día”, afirma Vera.  

En Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la COVID-19, sus 42 milmillonarios aumentaron su patrimonio neto de 123.100 millones de dólares en marzo a 157.100 millones de dólares en julio, mientras que los siete más ricos de Chile vieron como su patrimonio conjunto aumentaba en un 27% hasta alcanzar los 26.700 millones de dólares. 

- Los paquetes de rescates públicos 

Oxfam también advierte que los paquetes de rescates públicos deben, por lo tanto, estar solamente dirigidos a empresas que cumplan con determinadas características:

• No contar con presencia activa (inversores principales, matrices o filiales) en paraísos fiscales: “el dinero público destinado a mitigar la crisis económica provocada por la COVID-19 no puede acabar en aquellas empresas que usan estos agujeros fiscales para pagar menos”.

• Aplicar una moratoria de al menos tres años en el pago de bonos a altos ejecutivos y distribución de dividendos a accionistas: el dinero público no puede ser destinado a incrementar la riqueza de los inversores y altos cargos.

• Hacer públicos sus principales datos de actividad financiera y fiscal para permitir una fiscalización parlamentaria y social.

• Demostrar no tener vínculos familiares o económicos con representantes del gobierno o la fuerza política gobernante (incluyendo financiación electoral).

(Por Alejandro Langlois)