La emisión al mercado global de un nuevo bono indexado a indicadores de cambio climático (BIICC) fue realizada con vencimiento final en 2034.

En el diseño del bono participaron los ministerios de Economía y Finanzas; Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería, y Relaciones Exteriores. El proceso obtuvo la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La emisión alcanzó unos 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares fueron a cambio de efectivo, mientras que el remanente fue emitido para recomprar bonos elegibles. La demanda total llegó a unos 3.960 millones de dólares, con interés de 188 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Uruguay y otros países de Latinoamérica. Unas 40 cuentas participaron por primera vez en una operación de Uruguay y muchas de ellas con un foco específico en emisiones de bonos sostenibles.

Es un bono pionero porque es innovador, único en el país y en el mundo, destacó la ministra Azucena Arbeleche. Añadió que es la primera vez que las finanzas y el ambiente se entrelazan, y la primera vez que en Uruguay se define un costo de financiamiento ligado al comportamiento ambiental. Para ello, hubo un largo trabajo de interacción con los inversores, indicó.

La ministra explicó que el bono lanzado al mercado implica dos objetivos ambientales asociados. El primero de ellos es la reducción de gases de efecto invernadero y el segundo la conservación de bosques nativos. “El costo de la deuda tomada por Uruguay ayer estará ligado al cumplimiento de esos objetivos”, apuntó.

A su vez, esas dos metas adoptan los indicadores de los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París y se medirán en 2025. "Lo que está mostrando Uruguay con este producto innovador es que el ambiente importa y que tienen una consecuencia concreta si se cumplen o no", indicó.

Además, el instrumento permitirá al país disponer de una mayor información climática, con medición en una base anual, en el caso de los gases de efecto invernadero, y cada 4 años en lo que refiere a la forestación.

Arbeleche consideró que es un instrumento importante porque, "por un lado, alcanza al bienestar de los uruguayos, y por otro, porque el sello de calidad ambiental será cada vez más solicitado a la hora de concretar inversiones,  productos y exportaciones".

En igual sentido, Arbeleche valoró como una señal de credibilidad y confianza en Uruguay, el aumento de la calificación crediticia a BBB+, realizado por la agencia japonesa Rating and Investment Information. "Es importante porque hace que nuestro financiamiento sea más barato en términos relativos y permite destinar esos recursos en áreas prioritarias para el país", señaló.