En su opinión escrita y su comparecencia oral ante la Corte, la CSI junto con su organización regional la CSA, adujeron que, en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la libertad sindical debe incluir no sólo la protección de los trabajadores y trabajadoras individuales, sino también la de sus sindicatos, en tanto que organizaciones. La Corte se mostró de acuerdo, afirmando la importancia de los sindicatos como indispensables para salvaguardar el derecho de los trabajadores, confiriéndoles la protección garantizada por el artículo 8 del Protocolo de San Salvador para los trabajadores que reclamen justicia frente a empleadores y Gobiernos.

La mayoría de los miembros de la Corte votó a favor de la posición defendida por la CSI, pese a las opiniones remitidas por Argentina, Colombia y Guatemala, que les habrían privado de dicha protección. La CSI adujo además que las corporaciones no tienen titularidad de derechos reconocidos en tanto que “persona jurídica”, y la Corte aceptó una vez más los argumentos presentados por la CSI al respecto. En caso de que la decisión hubiese sido distinta, los sindicatos no habían podido denunciar casos de injerencia o limitación de sus actividades, incluido el derecho a formar federaciones y confederaciones, o a afiliarse a organizaciones internacionales, ni tendrían capacidad para interponer dichas demandas.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, afirmó que “Este dictamen resulta crucial en las Américas, ya que la mayor autoridad de derechos humanos en la región ha venido a reafirmar la importancia del papel de los sindicatos en un momento en que los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras están viéndose sometidos a constantes ataques en numerosos países. Para muchas personas, particularmente en Centroamérica, el derecho a la representación sindical es una cuestión de vida o muerte. Constituye un signo muy positivo que, cuando tantos empleadores en el continente americano no respetan las normas de la OIT, los eminentes juristas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hayan mostrado firmes. Organismos regionales como éste desempeñan un importante papel y continuaremos trabajando para garantizar el respeto de las normas de la OIT a nivel regional, así como a través de distintos procesos legales nacionales y por medio de la ONU y otros órganos mundiales”.

La Opinión Consultiva está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf