Pobreza, desigualdades, vulneración de derechos humanos, recortes de derechos sociales, situación medioambiental, crisis migratorias, discriminación de las mujeres, son algunos problemas del actual mundo globalizado que requieren soluciones globales. Mediante la cooperación al desarrollo, las instituciones públicas contribuyen a erradicar la pobreza y las desigualdades en los países empobrecidos en ámbitos como la educación, la salud y la lucha contra el hambre, entre otros.

El conjunto de acciones de un gobierno debe compartir el fin de mejorar el impacto de la cooperación, asegurándose que todas las políticas vayan en consonancia con los objetivos de desarrollo humano, equitativo y sostenible y la lucha contra la pobreza y las desigualdades, para que ninguna intervención frene o anule los avances logrados desde la cooperación.

Así lo señala Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo: “las administraciones públicas vascas velarán por la coherencia de sus actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, para lo cual se articularán los mecanismos de coordinación necesarios entre ellas, así como con otras administraciones públicas, instituciones, agencias y organismos internacionales de cooperación”. Además, el propio lehendakari Urkullu presentó en 2016 el Marco de Referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco, documento que explicita su compromiso institucional a favor del desarrollo humano y la sostenibilidad como referencia para su acción de gobierno y de acción exterior. Para conocer el enfoque, los principios, los agentes e instrumentos que actúan en la política de internacionalización empresarial del ejecutivo y, para evaluar su coherencia respecto a ese enfoque del desarrollo humano sostenible, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, formada por 80 ONG vascas que trabajan en cooperación internacional, presenta esta primera investigación que ha promovido bajo el título Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno vasco: coherencia de políticas para el desarrollo, realizada junto al Observatorio de Multinacionales en América Latina (Paz con Dignidad-OMAL).

Conclusiones

Del estudio se deriva que la política de internacionalización empresarial, base de la marca Basque Country, es prácticamente ajena a criterios sociales, laborales, ecológicos y de derechos humanos, primando variables exclusivamente técnicoempresariales: “se rige por la competitividad y la captura de nuevos mercados, sin coherencia con los compromisos asumidos en torno al desarrollo humano y a la sostenibilidad, por lo que este enfoque no es una referencia en el conjunto de políticas de la acción exterior”.

Se alerta también de que “la política de internacionalización no busca el bien común en los territorios donde operan las empresas, siendo su única meta el fortalecimiento de la inversión empresarial vasca. Incumple, además, los 18 criterios de referencia en esta materia (transferencia tecnológica, derechos laborales, estrategias conjuntas, etc.)”. Además, subrayan que en los países prioritarios en la internacionalización de empresas, como México y Colombia por ejemplo, se producen vulneraciones de derechos humanos.

Este trabajo concluye que el marco de agentes que intervienen en esta política es muy estrecho y que está basado en la colusión de intereses público-privados, destacando la alianza entre el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y las Cámaras de Comercio e Industria. Sin embargo, sindicatos, ONGD y movimientos sociales juegan un papel testimonial. No existe estructura alguna de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas eficaz y transparente.

Finalmente, afirman que “los criterios que priman en las políticas de cooperación y en las de internacionalización empresarial son antagónicos, por lo que la política exterior vasca del ejecutivo muestra una notable contradicción”.

Recomendaciones

Las políticas públicas deben basarse en principios éticos y de interés general, de sostenibilidad, priorizando la defensa de los derechos humanos y el bienestar de las personas. Solo dando ejemplo se podrá condicionar a las entidades privadas en su acción, para que el beneficio económico no se obtenga a cualquier precio. Desde un espíritu constructivo, pero entendiendo que son unos mínimos asumibles para cualquier gobierno que pretenda respetar los derechos humanos, la Coordinadora de ONGD de Euskadi traslada al ejecutivo las siguientes propuestas: “El Gobierno vasco debe asumir el marco internacional de derechos humanos como referencia jurídica y legal para el conjunto de la política de internacionalización. Es un mínimo que no puede cuestionarse”, señalan.

Asimismo, apuntan que “sería interesante ampliar a sindicatos, ONGD, entidades de economía social y solidaria, el marco de agentes sociales que participan en las estructuras e iniciativas de la política de internacionalización de empresas, de sus misiones comerciales o cuerpos diplomáticos. En las misiones diplomáticas, también sería aconsejable contar con una amplia participación social y sindical vasca”.

“Deben transformarse los criterios para la adjudicación de las convocatorias de ayudas a la internacionalización de las empresas”. Los criterios sociales, de equidad de género, ecológicos, laborales y culturales deben incrementarse paulatinamente en el porcentaje total de la puntuación. Se pueden establecer criterios excluyentes basados en el desarrollo humano sostenible en las líneas de subvenciones a empresas, como por ejemplo, la exigencia de estudios de impacto ambiental, la exclusión de empresas vinculadas a crímenes internacionales tipificados en el Convenio de Roma, el cumplimiento integral del marco internacional laboral, la no discriminación por razones de sexo, género, raza/etnia o diversidad funcional, la exclusión directa de empresas vascas con cuentas en paraísos fiscales o la obligación de estar al corriente de pago de sus obligaciones fiscales en el país de destino de la actividad.

También recomiendan la “creación un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos que analice, rinda cuentas y evalúe la política de internacionalización empresarial vasca y dé seguimiento a la actividad exterior de las empresas vascas”.

Por todo ello, la Coordinadora de ONGD de Euskadi invita al Gobierno vasco “a que haga todo lo posible para que las dos principales políticas de acción exterior en particular (internacionalización empresarial y cooperación al desarrollo), y la acción de gobierno en general, vayan de la mano para lograr que el desarrollo de país y de los países en los que se actúa sea sostenible y equitativo”. Recuerdan que es fundamental proyectar a todos los niveles, y de manera muy significativa hacia el exterior, una identidad común coherente con los retos globales que afrontamos en este mundo globalizado. “Sabemos que el reto no es sencillo, pero sí posible, por lo que ofrecemos la experiencia, el conocimiento y la colaboración de las ONG de desarrollo vascas. La aplicación de estas recomendaciones nos ofrece la posibilidad de diferenciarnos en positivo. De lograrlo, podríamos situar a Euskadi a la cabeza de los principios de justicia y responsabilidad social de un gobierno, en definitiva, con la defensa de los derechos humanos como base de su acción”, sentencian.