"Creo que esto definitivamente le da al gobierno los canales legítimos y la excusa para expulsar a las organizaciones de la sociedad civil, si lo desea", dijo Shen Tingting, directora de Asia Catalyst, un grupo que entrena a las ONG nacionales.

Shen dijo que una atmósfera de oposición a las ONG ya había conducido al grupo a mover sus sesiones de entrenamiento a Bangkok en lugar de mantenerlos en China, sobre todo después de que una de sus organizaciones asociadas fuera interrogada por la policía.

“La ley sólo podría empeorar la situación”, dijo.

Los funcionarios chinos defienden la ley alegando que sólo un pequeño número de organizaciones infractoras sería castigado y que no había ninguna razón para temer a la policía.

Pero las organizaciones de derechos humanos dicen que el texto de la ley que “prohíbe las actividades que ponen en peligro los intereses de la seguridad nacional o pongan en peligro la estabilidad social” es demasiado ambiguo.

La Cámara de Comercio Americana de China expresó su decepción con la ley diciendo que tendría un impacto perjudicial en un "gran número de ONG", así como en las empresas que colaboran con ellas.

"Tratar a las ONG extranjeras como una amenaza a la seguridad nacional no sólo socava la capacidad de esas organizaciones de beneficiar a China, sino también la capacidad de las empresas para hacer negocios aquí", dijo James Zimmerman, presidente de la cámara.

Los gobiernos occidentales, que presionaron a las autoridades chinas durante meses para relajar las restricciones descritas en los borradores de la ley, dijeron que estaban decepcionados de que tales cambios no fueran aplicados. El Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, expresó su "profunda preocupación" porque la ley perjudicaría las relaciones entre los EE.UU. y China.

"La versión final de la nueva ley crea un ambiente altamente incierto y potencialmente hostil para as organizaciones sin fines de lucro extranjeras que, sin duda desalentará las actividades e iniciativas."