Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas. Sin embargo, de haber una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió frente a la crisis financiera mundial de 2008-2009, el impacto sobre el desempleo mundial podría ser significativamente menor.

En la nota de evaluación preliminar, el COVID-19 y el mundo del trabajo: Consecuencias y respuestas , se pide la adopción de medidas urgentes, a gran escala y coordinadas basadas en tres pilares: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.

Esas medidas incluyen la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo (es decir, el trabajo a jornada reducida, las vacaciones pagadas y otros subsidios) y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas. Además, en la nota se proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos.

Diferentes hipótesis

Sobre la base de las diferentes hipótesis por las consecuencias del COVID-19 sobre el crecimiento del PIB mundial, las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 millones (hipótesis “extrema”) a partir de un nivel de base de 188 millones en 2019. En comparación, la crisis financiera mundial de 2008-2009 aumentó el desempleo mundial en 22 millones.

Se prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias económicas del brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. En los países en desarrollo, es posible que las restricciones al movimiento de personas (por ejemplo, de los proveedores de servicios) y mercancías en esta ocasión anulen el efecto amortiguador que allí suele tener el empleo por cuenta propia.

Las caídas del empleo también conllevan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. El estudio estima que éstas se situarán entre 860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares a finales de 2020. Esto se traducirá en caídas en el consumo de bienes y servicios, lo que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las economías.

También se prevé un importante aumento de la pobreza laboral, ya que “la presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica tendrá un efecto devastador para los trabajadores que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza”. La OIT estima que entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo, frente a la estimación original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones en todo el mundo).

Respuestas de política rápidas y coordinadas

“Ya no se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas”, dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder. “En 2008, gracias a que el mundo hizo un frente común ante las consecuencias de la crisis financiera mundial se evitó lo peor. La actual coyuntura requiere de ese tipo de liderazgo y determinación”, añadió.

La nota de la OIT advierte que la crisis del empleo podría afectar a determinados grupos de manera desproporcionada, y por consiguiente agravar la desigualdad. Entre ellos se encuentran las personas con trabajos menos protegidos y mal pagados, en particular los jóvenes y los trabajadores de edad. Las mujeres y los migrantes también. Estos últimos son vulnerables debido a la falta de protección y derechos sociales, y las mujeres tienden a predominar en los empleos de baja remuneración y en los sectores afectados.

“En tiempos de crisis como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas clave que pueden ayudar a mitigar los daños y a restablecer la confianza del público. En primer lugar, el diálogo social activo entre los trabajadores y los empleadores y sus representantes, es vital para fomentar la confianza del público y el apoyo a las medidas necesarias para superar esta crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base de probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. Es necesario que en este difícil momento se haga todo lo posible para reducir al mínimo los perjuicios para las personas”, concluyó Ryder.